En España hay un cierto escepticismo ante la proliferación normativa que se ha producido en los últimos años. Los ciudadanos y las empresas perciben las normas, ya sean aprobadas por el poder legislativo o por el ejecutivo, como un conjunto de reglas, a menudo ininteligibles, alejadas de sus intereses y necesidades, que únicamente generan burocracia al dilatar los procedimientos e imponer numerosas y, a veces, inexplicables cargas administrativas.
Se calcula que existen más de 100.000 normas en vigor, debido, en parte, a la vertebración territorial de nuestro país que favorece que tanto la Administración central como las Administraciones autonómicas y locales ejerzan su potestad legislativa. Sin que se pueda olvidar la normativa europea que hay que incorporar en nuestro marco jurídico.
Una mejor regulación
La desconfianza de los administrados ante la progresiva producción normativa es común a la percepción que hay en otros países de nuestro entorno. En los últimos años, números organismos internacionales y las propias instituciones europeas han señalado la necesidad de promover una “better regulation”, la mejora de la calidad de la regulación, ya que el mayor número de normas no ha supuesto una mejora, por el contrario, ha contribuido al detrimento de la calidad normativa.
Los redactores de las normas tienen que interactuar con la sociedad en la producción normativa
Lo que la sociedad espera de las leyes es que sean un instrumento para elaborar unas políticas públicas, orientadas a las necesidades de los ciudadanos y de las empresas, que procuren soluciones a sus problemas, que garanticen sus derechos y que se salvaguarde la seguridad jurídica, puesta muchas veces en entredicho por la multiplicidad y contradicción normativa.
Para atenuar este divorcio entre sociedad y regulación, es indispensable adoptar determinados hábitos en las propias administraciones antes de ponerse a elaborar nuevas normas.
¿Qué hay que hacer?
Primeramente, hay que analizar qué es lo se quiere regular, si verdaderamente es imprescindible una nueva norma para procurar la solución de un problema, la mejora de una conducta administrativa o la defensa de un derecho del ciudadano o, por el contrario, basta con la modificación de alguna anterior o con la aplicación efectiva de la normativa ya existente, evitando las duplicidades que generan confusión e inseguridad. Y si se llega a la conclusión de que una nueva norma es necesaria, no olvidarse de derogar las anteriores que puedan verse superadas, ser redundantes o contradictorias, para simplificar su interpretación y aplicación.
