QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Volvemos a tener una burbuja en el precio de la vivienda. Así lo atestiguan los precios observados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que cayeron un 53% hasta 2014 tras el estallido de la anterior burbuja y han aumentado un 66% desde entonces, mientras que los salario solo han subido un 23%, lo que ha provocado una crisis de acceso a la vivienda. Nuevamente estamos en burbuja porque el precio de mercado de la vivienda se sitúa por encima de su valor intrínseco, que viene determinado por la demanda y oferta de vivienda para vivir en ella.
La burbuja la infla una demanda de vivienda espuria, de empresas y personas que no quieren las viviendas para vivir sino para hacer negocio. Esta demanda especulativa se detecta en el aumento y altas rentabilidades del alquiler; el crecimiento como setas de los pisos turísticos; el incremento del stock de viviendas nuevas no vendidas; el alto porcentaje de compra de viviendas por no residentes en algunas provincias; que un tercio de las viviendas compradas se paguen al contado; o que se esté produciendo una entrada masiva de billetes físicos procedentes del extranjero desde 2023 con origen en la economía sumergida como en la anterior burbuja, y que busca lavarse más fácilmente gracias a los altos precios y rentabilidades del inmobiliario.
Esta burbuja se diferencia de la anterior en que los damnificados ya están aquí antes de que estalle y en que afecta también al alquiler. La anterior se financió con deuda insostenible, ésta se paga con las vidas aplazadas de los que no pueden emanciparse o de los que se ven obligados a gastar su vida en pagar unos precios abusivos. También la financia un capital improductivo que no genera ninguna riqueza y se rentabiliza de manera pasiva sangrando a los que sí son productivos, las familias trabajadoras.
La burbuja la infla una demanda de vivienda espuria, de empresas y personas que no quieren las viviendas para vivir sino para hacer negocio
Los altos precios también los infla la permisividad pública con la concentración de viviendas en manos de unos pocos o con la existencia de millones de viviendas vacías en medio de una emergencia habitacional. Sí se parece a la burbuja anterior en la ceguera del Banco de España y la incapacidad de la inteligencia económica socialista para encontrar soluciones.
La burbuja es resultado de una deficiente regulación pública que permite la extracción de rentas y su uso para fines ilegítimos, como los apartamentos turísticos o las viviendas vacías. Las soluciones son de sobra conocidas. Terminar con la compra de viviendas de empresas o personas que no van a vivir en ellas. Revertir la concentración de viviendas en pocas manos. Bajar los alquileres abusivos hasta que sean acordes con los salarios que se pagan en el país. Prohibir los apartamentos turísticos. Movilizar las viviendas vacías con incentivos, pero si no funcionan freír entonces a sus propietarios a impuestos.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda que habrá de aprobarse este año para el cuatrienio 2026-2029 es una gran oportunidad para dar un giro de 180 grados en la política de vivienda. Los 7.000 millones de euros anunciados por el presidente del Gobierno para financiar todo el plan, aunque suponen un salto con respecto a los 2.400 millones del anterior, son insuficientes y palidecen ante la magnitud del problema y lo que dedican otros países europeos a vivienda (por ejemplo, Italia invierte un 4,3% del PIB) o lo que algunos quieren que dediquemos a partidas contraproducentes como el gasto en armamento.
Los altos precios también los infla la permisividad pública con la concentración de viviendas en manos de unos pocos
Elevar el gasto en vivienda al 1% del PIB anual en vivienda es una necesidad perentoria vinculada a la realización individual de muchas personas, pero también a que no quedemos descolgados del progreso. En efecto, la revolución digital depende de que consigamos canalizar hacia ella el capital embalsado hoy en el inmobiliario y de que la generación joven mejor preparada y más digital pueda dedicar sus esfuerzos a desarrollarla y no a pagar una vivienda a precios inflados.
SOBRE LA FIRMA:
Carlos Martín Urriza es portavoz de economía y hacienda del grupo parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados
