QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Imagina empezar la vida adulta sabiendo que, hagas lo que hagas, difícilmente podrás pagar un techo. Esa es hoy la realidad de una generación entera. Alquilar un piso en solitario se lleva hasta el 92% del salario medio joven. La emancipación se retrasa hasta los 30 años. El 63% reconoce un impacto emocional grave. Y solo el 7% de la juventud confía en la capacidad de los partidos políticos en resolver la crisis de la vivienda.
No es solo un problema “de mercado”. Es un bloqueo generacional. Sin hogar no hay proyectos, no hay hijos, no hay movilidad laboral, no hay igualdad. Y, lo más peligroso, no hay confianza en la democracia. Si la política no sirve para garantizar algo tan básico como un techo digno, ¿para qué sirve?
Desde Talento para el Futuro llevamos años escuchando a jóvenes de todo el país. Historias que se repiten: sueldos que no dan para independizarse, subidas de alquiler que expulsan de sus barrios, ofertas laborales rechazadas porque el coste de la vivienda en otra ciudad hace inviable el cambio, planes de formar una familia aplazados indefinidamente.
Ante esto, limitarse a la queja sería una forma de rendición. Por eso hemos pasado de la denuncia al movimiento. En los últimos meses hemos llevado la misma propuesta del despacho de Alberto Núñez Feijóo a la Ministra de Vivienda, pasando por la Secretaría de Estado, varios grupos parlamentarios y una comparecencia en el Senado: España necesita un gran Pacto de Estado por la vivienda, y lo necesita ya.
Del artículo 47 al derecho real
Ese pacto tiene una primera tarea ineludible: convertir el derecho a la vivienda en algo exigible. El artículo 47 de la Constitución no puede seguir siendo un brindis al sol. Reconoce el derecho a una vivienda digna, pero en la práctica muchas personas se sienten ante él como ante un póster bonito colgado en la pared.
Proponemos reformar ese artículo y aprobar una Ley Estatal de Garantía Habitacional que marque plazos, obligaciones y recursos. Que diga negro sobre blanco que, en situaciones de vulnerabilidad, el acceso a un hogar deja de ser caridad y pasa a ser derecho.Que nadie vea vulnerado su derecho a una vivienda por un desahucio, sin alternativa habitacional digna ni evaluación de sus circunstancias. No se trata de llevarlo todo a los tribunales, sino de dejar claro que tener un hogar no es un lujo para quien pueda ganar la puja del mercado, sino un derecho básico de cualquier ciudadano.
La segunda tarea es evidente, pero seguimos posponiéndola: aumentar la oferta de vivienda asequible y movilizar la vivienda vacía. España está muy por debajo de la media europea en parque de vivienda social y asequible. Eso no se arregla con un decreto cada dos años, sino con un compromiso sostenido de país.
Hablamos de combinar inversión pública, colaboración privada y economía social para aumentar de forma estable el parque de alquiler asequible, especialmente allí donde estudiar, trabajar o emprender se ha convertido en deporte de riesgo por los precios.
Y, a la vez, hay que sacar del cajón miles de viviendas vacías con incentivos claros, seguridad jurídica y reglas previsibles a largo plazo. No puede ser más rentable tener pisos cerrados que ofrecerlos a precios razonables.
La tercera pata del Pacto pasa por mirar de frente el siglo XXI. No podemos afrontar la crisis climática con edificios ineficientes ni seguir aceptando barrios que se caen a trozos. Rehabilitar no es un capricho urbanístico: es bajar facturas, crear empleo verde y hacer nuestras ciudades habitables para las próximas décadas.
Al mismo tiempo, hay que tomarse en serio los nuevos modelos de convivencia: cooperativas de vivienda, cesión de uso, coliving bien regulado, soluciones flexibles para estudiantes y personas en movilidad laboral. El siglo XXI no se puede vivir con un parque de vivienda pensado para otra época.
No va solo de jóvenes
Esto no va solo de jóvenes. Cuando una generación no puede acceder a un hogar, el coste se reparte por todo el país. Las familias se convierten en red de emergencia permanente: padres que alargan hipotecas, avalan alquileres imposibles o vuelven a tener a sus hijos en casa a los 30 como si estuvieran en primero de carrera. Lo que debería ser apoyo afectivo se transforma en dependencia económica estructural. Y eso tensa las relaciones, los proyectos y hasta quién decide qué en cada casa.
Las empresas también pagan esta factura. Hay talento que no acepta un trabajo porque no puede pagarse un techo en la ciudad donde le ofrecen el contrato. O que se queda atrapado en sectores poco productivos porque moverse le saldría más caro que quedarse donde está. Hablamos de fuga de talento interior: ciudades medias que pierden a sus jóvenes, territorios enteros que se vacían y grandes urbes que solo son accesibles para quien puede asumir alquileres desorbitados. La vivienda, así, se convierte en un impuesto invisible a la competitividad del país.
En los barrios, la crisis de vivienda se ve a simple vista: vecinos de toda la vida expulsados por subidas de alquiler, locales cerrados para dar paso a apartamentos turísticos, cascos históricos que dejan de ser lugares donde vivir para convertirse en decorado de fin de semana. Las ciudades pierden mezcla social, comercio de proximidad y vida comunitaria. Ganamos en ruido y en rotación, pero perdemos identidad y arraigo.
Y cuando todo eso se acumula, la onda expansiva llega a la democracia. Una juventud que no puede emanciparse, que siente que trabaja para pagar rentas ajenas y que ve cómo su barrio cambia sin poder decidir nada, es una juventud que deja de creer que la política sea la herramienta para cambiar las cosas. La frustración no se queda en lo económico: se traduce en abstención, en voto de castigo, en desafección profunda. Por eso decimos que la crisis de vivienda es social, económica… y democráticamente explosiva.
Justamente por eso hablamos de Pacto de Estado. Porque este problema no se va a resolver con un decreto cada dos años ni con un giro de timón cada vez que cambian las mayorías. En vivienda, o se piensa a 20 años o se sigue perdiendo una generación tras otra. Gobierno y oposición no tienen por qué estar de acuerdo en todo, pero sí están obligados a entenderse en algo tan básico como que quien estudia, trabaja y aporta al país debe poder tener un hogar.
Sin llaves no hay contrato social
A la juventud se le ha pedido responsabilidad en todas las crisis: que estudiara más, que emigrara, que aceptara sueldos bajos, que se adaptara a la precariedad. Ahora es la juventud la que devuelve la pregunta, con toda legitimidad: ¿va a estar la política a la altura?
Nosotras hemos llevado este mensaje a donde se toman las decisiones: del despacho de Alberto Nuñez Feijóo a la Ministra de Vivienda, pasando por la Secretaría de Estado, varios grupos parlamentarios y compareciendo en el Senado. No vamos a pedir permiso para existir: vamos a exigir que se nos garantice un futuro habitable.
Nuestro mensaje es claro: sin llaves no hay contrato social. Resolver la vivienda no es un lujo ni una promesa para la próxima campaña. Es la línea roja entre una generación con futuro y una generación definitivamente rota. Y esa decisión, esta vez, no puede volver a esperar.
SOBRE LA FIRMA:
Elsa Arnáiz es presidenta de Talento para el Futuro
