El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado el progreso de la gestión judicial en Andalucía, en medio de la implementación de reformas significativas financiadas por la Junta, mientras sigue adelante con la realización de proyectos incluidos en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030. Nieto ha explicado que se están llevando a cabo 76 acciones estratégicas, que incluyen desde rehabilitaciones y nuevas edificaciones hasta proyectos de eficiencia energética.
Entre estas iniciativas se encuentran las ciudades de la Justicia de Granada, con la adquisición del edificio ‘El Cubo’, que ya tiene un proyecto de adaptación; la de Jaén; la de Huelva, cuya iniciativa privada será anunciada pronto en BOJA; y la de Sevilla, donde Nieto visitó el edificio B del complejo de Palmas Altas. En esta última, se prevé que en un mes comience el traslado de los 25 juzgados de Primera Instancia de la capital.
El Plan no solo se centra en las capitales, sino que también busca proporcionar sedes adecuadas a los 85 partidos judiciales de la comunidad. Nieto mencionó en una comisión parlamentaria el próximo comienzo de obras en Huércal-Overa y Roquetas de Mar, así como la ‘inminente firma’ de un convenio para una nueva sede judicial en Ayamonte.
Asimismo, se están adaptando los espacios a la nueva estructura determinada por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, ‘Una ley no dialogada, en la que se imponen plazos tremendamente exigentes que están provocando problemas para ajustar las plantillas y que exige unos gastos que el Ministerio no ha puesto encima de la mesa y que va a suponer que la Junta de Andalucía tenga que afrontar a pulmón entre 54 y 56 millones. Ésa es la factura del ‘yo invito y tú pagas’ que nos impone el Ministerio’, ha enfatizado Nieto.
Nieto también resaltó la importancia de la digitalización en el sistema judicial andaluz con la implementación completa del sistema de gestión procesal @driano y la introducción del Expediente Judicial Electrónico, junto con el Plan de Humanización de la Justicia, destacando el compromiso de acercar este servicio a la ciudadanía y hacerlo accesible para personas con discapacidades.