QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Rocío Hernández, consejera andaluza de Salud y Consumo, ha sostenido que los precios de los contratos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) «responden a la Ley de Contratos del Sector Público y a los precios de mercado», distinguiendo entre el presupuesto base de licitación y el precio final del contrato.
En una sesión de control al ejecutivo andaluz en el Parlamento, Enrique Gaviño, diputado del PSOE-A, ha cuestionado las prácticas de adjudicación directa de contratos de emergencia por parte de la Consejería de Salud y el SAS durante la pandemia de Covid-19, acusando de «derrochar el dinero público» y ha pedido explicaciones a Rocío Hernández sobre el recurso excesivo al modelo de «contrato de emergencia» y los precios elevados pagados.
La consejera ha explicado, basándose en el artículo 100.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que el presupuesto base de licitación se establece como el máximo de gasto permitido, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que se indique lo contrario. Ha añadido que, según el artículo 100.2, se realiza un estudio de mercado previo para garantizar que el presupuesto se adecue a los precios del mercado. «Una vez licitado el expediente, son las ofertas de los proveedores las que determinan el precio final», ha precisado Hernández.
Además, ha destacado la importancia de la calidad del servicio en la contratación del SAS, indicando que «La propia calidad del servicio, la cual constituye un objetivo prioritario en la contratación del SAS para que los pacientes dispongan de la mayor posible en sus atenciones, intervenciones o pruebas diagnósticas, lo que, evidentemente, va a suponer un precio más caro que uno que tenga menor calidad». También ha mencionado la actualización de precios debido a los nuevos convenios colectivos y las inversiones en infraestructura sanitaria, como las 69 nuevas construcciones, que han requerido más gastos en equipamiento y mantenimiento.
En respuesta a las críticas del PSOE-A sobre los sobrecostes en contratos de emergencia, Hernández ha remarcado que la pandemia de Covid-19 fue un punto de inflexión y que los precios se ajustaron mediante la Orden de 23 de febrero de 2023, que incluye mejoras en la presupuestación y tarificación. Enrique Gaviño ha criticado estos costes elevados en «65 operaciones quirúrgicas» y ha advertido sobre investigaciones judiciales en curso.
Por otro lado, Ángeles Férriz, portavoz adjunta del Grupo Socialista, ha acusado al Gobierno andaluz de desviar fondos de la sanidad pública a la privada sin controles adecuados, mientras Hernández ha defendido la rapidez necesaria en las contrataciones durante la pandemia y ha subrayado el compromiso de la Junta con la mejora de la sanidad, destacando planes como el de Garantía Sanitaria y de gestión de atención primaria.
