QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio Público analizará tanto la posible implicación de varias alumnas como la respuesta del colegio Irlandesas de Loreto tras el suicidio de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida en Sevilla. La Junta advierte que el centro podría perder el concierto educativo si se confirma una falta muy grave.
Dos líneas de investigación abiertas
La Fiscalía de Sevilla ha abierto dos expedientes para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de Sandra Peña, la adolescente de 14 años que se suicidó la semana pasada tras sufrir presunto acoso escolar.
Según fuentes del Ministerio Público, uno de los procedimientos -de reforma juvenil- investiga la posible implicación de varias menores.
El segundo, de supervisión, evaluará la actuación del colegio Irlandesas de Loreto, donde estudiaba la joven.
Las autoridades aún no han recibido el atestado policial, pero la apertura de ambos expedientes constituye la primera respuesta formal de la Fiscalía ante el caso.
El colegio no activó los protocolos obligatorios
La decisión de la Fiscalía llega después de que la Consejería de Desarrollo Educativo confirmara que el centro no activó ni el protocolo de acoso escolar ni el de conductas autolíticas, a pesar de los avisos de la madre de la menor.
El informe de la Inspección Educativa de la Junta de Andalucía, remitido este lunes al Ministerio Público, detalla que el colegio no siguió los pasos previstos por la normativa autonómica vigente desde 2011 y actualizada en 2017 para incluir el ciberacoso y la prevención del suicidio.
Riesgo de retirada del concierto educativo
Fuentes de la Consejería de María del Carmen Castillo explican que, si el expediente administrativo determina un incumplimiento muy grave, la sanción podría ser la retirada del concierto al centro religioso.
“Será la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades, pero la titularidad del colegio debe actuar depurando las responsabilidades internas de su personal”, señalan desde el departamento autonómico.
El Defensor del Pueblo Andaluz también investiga
De forma paralela, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una investigación de oficio para evaluar el funcionamiento de los protocolos escolares ante el caso.
“El sistema de prevención tiene que funcionar. Ante señales de acoso o violencia, los mecanismos deben activarse de inmediato”, advirtió Maeztu, que ha elevado la queja a la autoridad educativa.
Contexto: una cadena de fallos bajo examen
El caso de Sandra Peña ha reavivado el debate sobre la eficacia de los protocolos escolares y la supervisión de los centros concertados.
Las pintadas y protestas frente al colegio han llevado a la dirección a pedir “cautela y responsabilidad”, alegando que las tensiones están afectando al resto del alumnado.
La Fiscalía y la Junta mantienen abiertas sus investigaciones en paralelo. Si se confirman irregularidades, el centro podría afrontar responsabilidades disciplinarias, administrativas e incluso penales.
