QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El grupo de trabajo del Parlamento de Andalucía, centrado en combatir la violencia de género, ha finalizado su informe, que se debatirá y votará el próximo martes, 29 de julio, dentro de la comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
Este informe, revisado por Europa Press, recibió la aprobación en una sesión el 16 de julio, contando con el apoyo del PP-A, la oposición de Vox y las abstenciones del PSOE-A y Por Andalucía.
El texto parte de la premisa de que «la violencia de género constituye una de las manifestaciones más graves de la desigualdad entre mujeres y hombres, y representa una vulneración de los derechos fundamentales que afecta a todas las sociedades, con independencia de su nivel de desarrollo, siendo un grave problema estructural al que no podemos permanecer ajenos».
El documento presenta una variedad de propuestas alineadas con el «compromiso firme del Parlamento y del Gobierno andaluz con la erradicación de la violencia contra las mujeres, en coherencia con los principios del Pacto de Estado, las obligaciones internacionales y la normativa autonómica vigente». Su objetivo es «contribuir, desde la escucha y el consenso, a una sociedad más justa, segura e igualitaria para todas las mujeres en Andalucía».
Las propuestas están organizadas en siete bloques temáticos que incluyen la «mejora de la coordinación institucional y territorial»; el «refuerzo de la red pública de atención a víctimas de violencia de género»; la «formación continua y especializada para profesionales»; la «prevención y sensibilización en el ámbito educativo y comunitario»; la «adaptación normativa ante nuevas formas de violencia»; la «evaluación, investigación y calidad de los servicios», y la «atención a colectivos especialmente vulnerables y ámbito rural».
CRÍTICAS A LA LEY DEL ‘SÓLO SÍ ES SÍ’
El informe critica la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual –conocida como ley ‘del sólo sí es sí’–, al entender que ha conllevado «importantes retrocesos en materia de protección a las mujeres», por lo que pide que «se adopten medidas oportunas para reparar, tratar de minimizar la revictimización y garantizar la protección de las mujeres víctimas de las nefastas consecuencias de la aplicación de la citada ley».
Las propuestas incluyen también «continuar ampliando recursos» en zonas rurales y «mejorar la estabilidad de los equipos profesionales». Se enfatiza la necesidad de «garantizar, con carácter urgente, la total implantación, dotación y funcionamiento efectivo de centros de crisis 24 horas para la atención integral a víctimas de violencia sexual (…) asegurando su distribución territorial, financiación estable y gestión pública especializada y presencial».
Además, el documento urge a «asegurar, dentro del sistema público, servicios de atención psicológica gratuitos, con carácter prolongado y no limitado a la fase inicial o judicial, prestados por profesionales con formación específica en trauma, violencia machista y atención a la infancia expuesta a violencia».
NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA
El grupo de trabajo recalca la importancia de «ampliar los recursos institucionales especializados para la atención de formas específicas de violencia de género aun insuficientemente abordadas, tal como la violencia digital, incluyendo acoso a través de redes, control digital, difusión no consentida de imágenes íntimas (…), con unidades de apoyo técnico, jurídico y psicológico».
Otras iniciativas destacadas son «consolidar una red de pisos tutelados o viviendas de tránsito (…) para favorecer la autonomía progresiva de las mujeres y sus hijos e hijas tras la salida de los recursos de emergencia»; «garantizar la implantación de ‘Puntos Violeta'» en eventos públicos como «ferias, festivales, fiestas, o cualquier otro evento susceptible de que puedan existir violencias machistas».
Asimismo, se sugiere intensificar «las actuaciones formativas y de sensibilización en materia de violencia machista de todo el personal autonómico que de forma directa o indirecta pudiera participar en protocolos de protección a víctimas y de prevención de la violencia machista».
CAMPAÑAS CONTRA ‘DISCURSOS NEGACIONISTAS’
En el sector educativo, se recomienda «incorporar contenidos educativos que promuevan relaciones igualitarias y prevengan la violencia en cualquiera de sus manifestaciones entre nuestros jóvenes», y «impulsar campañas públicas dirigidas a hombres jóvenes, con el objetivo de combatir los discursos negacionistas y los modelos de masculinidad hegemónica, que deberán difundirse en redes sociales, plataformas digitales, entornos de ocio juvenil y espacios educativos no formales».
Finalmente, se plantea «desarrollar estrategias específicas y medidas de sensibilización» para tratar la «violencia digital, vicaria, económica y otras manifestaciones emergentes», así como «fomentar la investigación aplicada sobre violencia de género a través de las universidades públicas andaluzas», e «impulsar un sistema público y homologado de recogida, análisis y difusión de datos desagregados en el ámbito de la violencia de género en Andalucía».
CONCLUSIONES
El documento concluye destacando que «Andalucía ha consolidado en los últimos años un compromiso político, técnico y presupuestario firme en la lucha contra la violencia de género» y reafirma la «voluntad inequívoca» del Parlamento andaluz de «seguir trabajando por una Andalucía libre de violencia de género, impulsando todas aquellas medidas que mejoren la calidad de vida de las víctimas, la prevención efectiva de la violencia y la conciencia social frente a esta lacra».
