María del Carmen Castillo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, ha defendido la utilidad de los protocolos existentes para prevenir y gestionar el acoso escolar, afirmando que «sirven», y ha enfatizado que «El acoso escolar no es un problema de los centros. Todos tenemos que contribuir», haciendo referencia a la necesidad de implicación de políticos, comunidad educativa y medios de comunicación, especialmente tras el reciente suicidio de Sandra Peña, una estudiante de Sevilla que había sido acosada.
En el contexto de un debate en el Parlamento andaluz, Castillo ha destacado que los protocolos abiertos son meticulosamente seguidos por la Inspección educativa y ha mencionado las 221 iniciativas formativas que han alcanzado a 12.000 docentes. A pesar de no mencionar directamente a las redes sociales, ha resaltado la influencia de estas fuera del horario escolar, mientras que Juanma Moreno, presidente de la Junta, ha propuesto restringir el acceso a las mismas para menores de 18 años que participen en actos de acoso.
Por su parte, la coalición Por Andalucía ha criticado a la Junta por la tardanza y la ineficacia de los protocolos, especialmente en el caso del colegio Irlandesas Loreto. Además, ha planteado que se deje de lado el «márketing» en un asunto tan grave. El PSOE ha cuestionado la adecuación de recursos y financiación de los protocolos, expresando la conmoción de la sociedad andaluza tras el caso de Sandra Peña y la necesidad de garantizar que no se repita una tragedia similar.














