QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Parlamento de Andalucía ha formalizado un contrato mixto que incluye el suministro, instalación y activación de 41 acondicionadores autónomos con bomba de calor condensado por agua tanto para su propia sede como para la de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Esta acción tiene como objetivo reemplazar las antiguas consolas de aire acondicionado que han superado con creces su vida útil y que contienen un gas (R22) que, segn estipul el Reglamento CE 1005/2009, quedaba prohibido por el uso de HCFC que daa la capa de ozono.
El contrato, valorado en 161,401.90 euros (IVA incluido), fue otorgado a una compañía localizada en La Algaba, Sevilla, según se especifica en el anuncio de adjudicación fechado el 22 de agosto. La documentación detalla que se trata del suministro para la sustitución de 41 unidades de acondicionador autónomo con bomba de calor distribuidas en el Parlamento de Andalucía y en la Cámara de Cuentas de Andalucía, abarcando el desmontaje y disposición de los equipos antiguos y el montaje y activación de los nuevos en los términos que dicta el pliego de prescripciones técnicas particulares.
La justificación del proyecto subraya la necesidad de esta renovación, indicando que la mayoría de los equipos actualmente en uso han superado ampliamente su vida útil y son tan antiguos que ya no se encuentran repuestos disponibles para su reparación. Además, los equipos instalados en 2003 contienen un gas (R22) que, segn estipul el Reglamento CE 1005/2009 quedaba prohibido, ya que el uso de HCFC daa la capa de ozono.
La estrategia de sustitución progresiva comenzó con la adjudicación de 15 máquinas en junio de 2023, finalizando su instalación el 9 de enero de 2024, y está prevista la sustitución de 208 unidades más, incluyendo las 41 actuales. El plazo de ejecución del contrato ser de 90 días hábiles desde la fecha establecida en el documento de formalización, incluyendo la puesta en funcionamiento de todos los componentes y las pruebas necesarias que confirmen su adecuado funcionamiento.
El costo total será cubierto por el Parlamento y la Cámara de Cuentas de Andalucía en proporción al número de unidades destinadas a cada entidad, permitiendo individualizar la intervención que se realiza de manera conjunta.
