QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Parlamento de Andalucía ha desechado una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Vox, que solicitaba a la Junta oponerse a la “reubicación o acogida” en la región usando fondos públicos, de “cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España”, y abogaba por el “cierre de los centros de menores extranjeros no acompañados que crean inseguridad en las calles”.
La propuesta sólo ha encontrado respaldo en el grupo que la ha propuesto, siendo rechazada por los grupos Popular, Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.
La PNL priorizaba el “cierre” inicialmente en aquellos centros de menores “cuya existencia genere mayor conflictividad y perjuicios a los vecinos”. La diputada Purificación Fernández defendió la medida ante el pleno de la cámara regional.
Además, se solicitaba a la Junta que implementara “las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños”.
Otro requerimiento a la Junta incluía la demanda de “transparencia en cuanto a la inmigración ilegal en Andalucía, informando detalladamente y desde el ejercicio 2019 del número de menores extranjeros no acompañados” tutelados por la administración autonómica; en qué centros están acogidos y qué “coste suponen para la administración, especificando la edad, el sexo y la nacionalidad”.
La propuesta también urgía a la Junta de Andalucía a revelar la cantidad de todas las “ayudas percibidas por inmigrantes ilegales por parte de la administración” autonómica.
Vox exigía además “las modificaciones legislativas necesarias de aquellas leyes de ámbito regional para incorporar el principio de prioridad nacional para el acceso a los servicios y prestaciones sociales en Andalucía”.
En el ámbito habitacional, proponía incentivos al alquiler, garantías para acceder a la primera vivienda habitual o acceso a Viviendas de Protección Oficial (VPO). En educación, la formación gratuita en la etapa infantil (0-3 años), ayudas para el comedor y transporte escolar o becas de estudio eran parte de las propuestas. En el plano laboral, se sugerían programas de inserción sociolaboral, cuotas de autónomos, y formación profesional para el empleo. En justicia, se abogaba por la asistencia jurídica gratuita.
Por último, se instaba a proteger la cultura y tradiciones de Andalucía y España, y se pedía un plan específico de apoyo económico para los municipios más afectados por la presión migratoria, con el objetivo de reforzar su seguridad.
