QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El grupo de trabajo relativo a la Inteligencia Artificial (IA) creado en el Parlamento andaluz en la actual legislatura apuesta por el desarrollo de aplicaciones de IA «específicas, validadas y éticas para mejorar servicios clave» como sanidad, educación o justicia, así como por «elaborar un plan estratégico de la IA aplicada a la salud» y por promover «el aprendizaje de un uso positivo, responsable y seguro de la inteligencia artificial».
Son algunas de las propuestas incluidas en el informe de este grupo de trabajo, consultado por Europa Press después de que fuera aprobado el pasado 25 de junio para su elevación a la comisión de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, donde será objeto de debate el próximo jueves, 17 de julio, y donde se decidirá si se eleva también al Pleno del Parlamento.
En el seno del grupo de trabajo, este informe salió aprobado con los votos a favor de los representantes del PP-A, PSOE-A y Por Andalucía, y la abstención de Vox, de modo que no cosechó ningún voto en contra.
Este informe es resultado del trabajo desarrollado por este grupo desde su creación, a iniciativa del PP-A y tras un acuerdo del Pleno del Parlamento que se sustanció el 15 de noviembre de 2023 con los votos a favor de los diputados del PP-A, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, y la abstención de Vox.
«IDEAS TRONCALES» DE LAS COMPARECENCIAS
Presidido por el diputado del PP-A Erik Domínguez, este grupo de trabajo ha acogido una serie de comparecencias de profesionales y expertos en la materia con el «objeto principal» de analizar «la situación actual en que se encuentra la implantación en Andalucía de la llamada inteligencia artificial, su futuro desarrollo, estrategias públicas desde la cogobernanza y la colaboración público-privada, sobre sus potencialidades, seguridad y riesgos para los usuarios y medidas a adoptar».
Según se recoge en el informe, hay ideas «troncales» que «se han repetido entre los comparecientes», entre las que destacan «la necesidad de contar con más talento especializado» en inteligencia artificial, así como el «desafío» de la «brecha digital», que «puede afectar especialmente a zonas rurales, personas mayores, colectivos vulnerables y personas con discapacidad».
Al respecto, «se subraya la importancia de garantizar el acceso inclusivo a la tecnología y de reforzar la alfabetización digital desde edades tempranas, para evitar que la revolución tecnológica amplíe las desigualdades existentes», según se detalla en el informe, donde también se aclara que «la cuestión de los riesgos éticos y de los sesgos en los sistemas de inteligencia artificial» ha sido igualmente «central en las intervenciones».
En cuanto a la «transformación del tejido productivo, la mayoría de los expertos coinciden en señalar que el uso de la inteligencia artificial no implica necesariamente la destrucción masiva de empleo, sino una transformación de las competencias necesarias, abriendo nuevas oportunidades laborales si se acomete una adecuada formación y reciclaje profesional».
PROPUESTAS DEL GRUPO DE TRABAJO
El informe concluye con un apartado de propuestas del grupo de trabajo agrupadas en torno a nueve ejes, que son los de ‘La inteligencia artificial en el sector público andaluz’; ‘Gobernanza ética y responsable de la IA’; ‘Universidades, impulso a la I+D+i y transferencia tecnológica’; ‘La IA en el empleo, la atracción del talento y el tejido empresarial’; ‘Educación, formación, capacitación y brecha digital’; ‘La IA en los principales sectores estratégicos de Andalucía’; ‘La ciberseguridad’; ‘Infraestructuras tecnológicas y de datos’ y ‘La IA y las competencias estatales’.
Entre las propuestas orientadas al sector público figuran las de «impulsar la modernización y transformación digital de la administración, haciendo uso de herramientas que utilizan la IA, siempre que se garantice la atención presencial», y «adaptar las RPT –relaciones de puestos de trabajo– y los procesos de selección de empleados públicos a las nuevas necesidades y perfiles digitales IA».
También, «asegurar la capacitación de los empleados públicos; colaborar con las entidades locales autónomas para la implantación de la IA; crear un órgano de participación, consultivo y de asesoramiento de las administraciones públicas de Andalucía en materia de estrategias de derecho y políticas públicas relacionadas con la inteligencia artificial; publicar todos los contratos de colaboración público-privada en IA», e «impulsar el uso de canales accesibles de reclamación ante decisiones de la IA que afecten a los derechos fundamentales».
En el eje de propuestas en torno a la ‘Gobernanza ética y responsable de la IA’ se menciona la futura Ley Andalucía Digital (LADI), de la que se señala que entre sus funciones deberá incluir las de «desarrollar directrices que sirvan de guía para la implantación, desarrollo y el uso ético de la IA, claro, práctico y aplicable, alineadas con las de la Unión Europea y consensuadas con los agentes sociales», y «garantizar la protección y la privacidad de las personas en el uso de la IA».
También, entre otras cuestiones, «crear sello de calidad de datos, que garantice que las herramientas con IA sean transparentes, justas y equitativas y que no presenten sesgos; supervisar el impacto de la IA, especialmente en colectivos de personas en situación de vulnerabilidad; crear protocolos de explicabilidad, para que toda la decisión automatizada por la IA sea comprensible y abierta a la revisión de un empleado público en todos los procesos, incluidos los procesos sancionadores», y «mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas para sistemas basados en IA que sean de alto riesgo», así como «proteger activamente los derechos fundamentales, incluyendo los neuroderechos, anticipándose a posibles vulneraciones».
Entre las propuestas del eje de ‘Universidades, impulso a la I+D+i y transferencia tecnológica’ figuran las de «incrementar la inversión pública en proyectos I+D+i en IA; fomentar programas específicos de colaboración universidad-empresa –con participación de las pymes– que apliquen IA, orientados a resolver problemas sociales; apoyar el desarrollo de tecnología IA propia (…), especialmente en áreas como el procesamiento del lenguaje natural (PLN) en español», y «utilizar la Compra Pública Innovadora como tractora de soluciones IA desarrolladas en Andalucía», además de «fomentar estructuras estables de investigación en IA interuniversitarias», e «impulsar programas en investigación de IA para investigadoras, perfiles de ciencias sociales y humanidades».
Por otro lado, en el eje de propuestas en torno a ‘La IA en el empleo, la atracción del talento y el tejido empresarial’, se pueden leer ideas como «impulsar convocatorias de subvenciones para la incorporación de herramientas de IA en las empresas, especialmente para pymes y autónomos», e «identificar anualmente el grado de desarrollo de la IA en Andalucía, detectando las principales empresas andaluzas que desarrollan IA», así como «desarrollar planes de formación específicos en IA para profesionales TIC, a fin de promover el talento dentro de Andalucía».
Otras propuestas del informe, repartidas entre los restantes ejes, son promover «el aprendizaje de un uso positivo, responsable y seguro de la inteligencia artificial» en el sistema educativo andaluz; «incentivar la aplicación de herramientas IA para usos ambientales; impulsar el uso de la inteligencia artificial para mejorar la atención sanitaria; elaborar un plan estratégico de la IA aplicada a la salud; realizar análisis de riesgo antes de desplegar cualquier sistema de IA en la Administración», y «exigir cláusulas de ciberseguridad en los contratos con proveedores de IA».
