QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PP-A defenderá el jueves una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento en la que demanda al Gobierno central el «cese» inmediato del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, «ante su situación procesal abierta, que compromete la imagen, la imparcialidad y la independencia del Ministerio Fiscal, y causa un grave perjuicio a la credibilidad del sistema judicial y a la dignidad profesional del conjunto de los fiscales en España».
En la proposición no de ley, también se pide al Ejecutivo nacional «la retirada de cualquier reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal que elimine el actual modelo basado en los principios de mérito, capacidad, objetividad y libre concurrencia, y que suponga un control político sobre el proceso de selección de jueces y fiscales».
Otra demanda es que el Gobierno nacional dote a Andalucía «de los medios económicos necesarios» para la implantación de la Ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia.
Asimismo, se le pide al Gobierno que atienda la demanda de la Junta de que, tras analizar la carga de trabajo de los 85 partidos judiciales andaluces y en base a los datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), «dote de al menos 60 nuevas plazas para aliviar la sobrecarga existente en muchos de ellos, y elimine el agravio comparativo creado con Cataluña, comunidad con la que ya ha comprometido ese número de plazas».
En la exposición de motivos de la iniciativa, el PP-A señala que la situación de la justicia en España «atraviesa un momento de grave deterioro institucional» porque el Gobierno central ha impulsado en los últimos años «una estrategia preocupante de control del poder judicial que compromete la independencia de jueces y magistrados, interfiriendo en el acceso a la carrera judicial y fiscal e intentando condicionar desde el poder político a los órganos de gobierno del sistema judicial».
Este escenario se agrava aún más, según el PP-A, con el hecho de que el actual fiscal general del estado, «nombrado directamente por el Gobierno, se encuentra procesado por parte del Tribunal Supremo, una circunstancia que atenta contra los principios de independencia e imparcialidad del Ministerio Fiscal y que genera un gravísimo perjuicio para la credibilidad del sistema y para todos los fiscales de España, que ven cuestionada la integridad de su institución».
