QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular Andaluz ha presentado una proposición no de ley para debatir en el Pleno del Parlamento de Andalucía, solicitando al Gobierno central asegurar la permanencia del programa estatal de auxiliares de conversación en esta comunidad autónoma.
La propuesta exige que se coordinen las acciones entre los ministerios de Educación, Formación Profesional y Deportes; Trabajo y Economía Social; y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para mantener el programa bajo «las mismas condiciones que en el resto de comunidades y con un marco estable que evite cualquier discriminación hacia su alumnado y profesorado».
El PP-A destaca que este programa, liderado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Asuntos Exteriores, es crucial para la cooperación educativa internacional, mejorando la enseñanza de idiomas extranjeros y fomentando el intercambio cultural.
Gracias a esta iniciativa, estudiantes de otros países colaboran en escuelas españolas, mejorando la competencia oral de los alumnos, incentivando el interés por los idiomas y compartiendo su cultura y tradiciones.
Además, este programa permite que los auxiliares perfeccionen su español, contribuyendo a su desarrollo profesional y a la proyección internacional de la cultura y lengua españolas.
El Ministerio de Educación es el encargado de diseñar, convocar y seleccionar a los auxiliares, así como de determinar el número asignado a cada comunidad autónoma, que financia en gran medida el programa. Los auxiliares operan con un visado de estudiante y sin relación laboral con las administraciones que los acogen, recibiendo una subvención en lugar de un salario.
Desde el curso 2006-2007, Andalucía ha participado en igualdad de condiciones con otras comunidades, consolidando este programa como clave en su estrategia educativa internacional. Para el curso 2025-2026, se preveía la inclusión de 1.806 auxiliares en institutos públicos andaluces.
«Sin embargo, la continuidad del programa en Andalucía está en peligro por la intervención del Ministerio de Trabajo y Economía Social, actuando de oficio y solamente con los auxiliares financiados por la Junta», denuncia el PP-A, señalando que esto ha provocado un agravio comparativo con otras comunidades.
Por esta razón, el PP-A exige una respuesta rápida y coordinada del Gobierno central para asegurar que Andalucía pueda seguir participando en el programa en las mismas condiciones que el resto del país, evitando perjuicios para su comunidad educativa.
