QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En una sesión reciente del pleno parlamentario de Andalucía, se ha desestimado una proposición no de ley (PNL) introducida por el grupo Por Andalucía, que buscaba implementar ‘medidas contra la corrupción’ tanto a nivel del Gobierno central como del Gobierno de la Junta de Andalucía. Esta propuesta contó con el apoyo del PSOE-A pero fue rechazada por los votos del PP-A y Vox.
La PNL sugería que el Parlamento andaluz presionara al Gobierno de la Junta para que a su vez pidiera al Gobierno de España la adopción de medidas como ‘reforzar la regulación que establece la prohibición de celebrar contratos públicos por la comisión de actos ilícitos no sólo por las personas jurídicas o sus administradores o representantes, sino también por la acción de cualquier tercero’. Además, proponía cambios legales para que la prohibición de contratar se extendiera a todo un grupo empresarial en caso de corrupción y mejoras en la regulación que impide contratar a empresas que buscan evadir responsabilidades cambiando su estructura corporativa.
Entre otras medidas, Por Andalucía demandaba ‘establecer consecuencias legales más contundentes que graven las consecuencias económicas hacia corruptores y corrompidos, debiendo devolver el dinero público robado y afecto por prácticas corruptas de forma multiplicada’ y la creación de un marco legal para el decomiso de bienes de corruptores sin origen lícito demostrado.
Adicionalmente, la PNL abogaba por un código de conducta más estricto para ‘cargos públicos procesados’, estableciendo la ‘figura de persona investigada avalada’ y regulaciones más severas para la separación de condenados por corrupción de sus puestos en instituciones públicas. También se proponía que el Gobierno central reforzara las incompatibilidades entre recibir retribuciones públicas y participar en negocios privados, especialmente en universidades privadas.
Como parte de las propuestas específicas para Andalucía, se planteó la creación de un ‘mapa de la corrupción en Andalucía’ para mantener un registro actualizado de casos de corrupción, y se propuso un pacto político regional para fortalecer la ética pública.
En la defensa de la PNL, Inmaculada Nieto enfatizó la necesidad de endurecer las medidas contra la corrupción. Sin embargo, desde el PP-A, Virginia Pérez criticó la iniciativa como un intento de ‘lavar la cara’ en cooperación con el PSOE-A, mientras que desde Vox, Cristina Jiménez calificó las medidas de ‘cosméticas’ y cuestionó las intenciones del proponente.
