QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La nueva Ley de Patrimonio de Andalucía ha superado el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento este miércoles, tras el rechazo conjunto de las enmiendas presentadas por los grupos Socialista y Por Andalucía por parte de los Grupos Popular y Vox. Estas enmiendas buscaban modificar la propuesta inicial aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 24 de septiembre.
Tras este paso, el proyecto continúa su proceso hacia la comisión correspondiente, impulsado desde la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.
Defensa y características de la propuesta
Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz y consejera del ramo, ha defendido la importancia de esta ley ante el Pleno, describiéndola como vital para «el buen gobierno y la modernización de la Administración andaluza». Según España, esta normativa transformará el patrimonio público en una herramienta proactiva para el desarrollo económico y social.
«Con esta ley, Andalucía gana orden, gana control, gana confianza. Y, sobre todo, gana la garantía de que lo que es de todos se gestionará con criterios de eficacia y utilidad pública», declaró la consejera. Además, destacó la introducción de herramientas como el Inventario General digitalizado y una Plataforma de Publicidad Patrimonial, que aumentará la transparencia y permitirá a los ciudadanos acceso a información sobre los bienes de la Junta.
La ley también introduce un régimen sancionador y simplifica procedimientos administrativos, incidiendo en la economía circular mediante la reutilización y reciclaje de bienes. Desde su llegada en 2019, el Gobierno de Juanma Moreno ha reorganizado la gestión patrimonial, lo que ha resultado en ingresos significativos y ahorros considerables en mantenimiento e impuestos.
«El patrimonio público no es un conjunto de bienes inmóviles, es la expresión material del esfuerzo de toda una comunidad. Nuestra obligación es gestionarlo con rigor, con transparencia y con responsabilidad», enfatizó Carolina España.
Críticas y enmiendas de la oposición
Los grupos del PSOE-A y Por Andalucía presentaron enmiendas de totalidad, criticando la orientación del proyecto. Alicia Murillo e Inma Nieto, respectivamente, argumentaron que la ley favorece una visión mercantilista del patrimonio, poniendo en riesgo su gestión al servicio del interés general y no estableciendo controles sociales adecuados. Además, señalaron que el proyecto no aborda adecuadamente las desigualdades territoriales ni mejora la transparencia o la participación ciudadana en la gestión del patrimonio.
