QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PSOE-A defenderá el jueves una moción en el Pleno del Parlamento en la que se insta a la Junta a la realización de una auditoría interna y externa para verificar si, a pesar de haber sido «declarados contrarios a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, aún existen empleados públicos en activo en el ámbito del sector público andaluz a través de los llamados ‘contratos exprés» y, en su caso, «cesarlos».
En la moción, también se pide a la Junta requerir a la Cámara de Cuentas de Andalucía «la fiscalización del procedimiento instruido y de la selección y nombramientos y, en su caso, vigencia de los llamados ‘contratos exprés’ en el ámbito del sector público andaluz».
Otra demanda es que la Junta remita «los expedientes de los llamados ‘contratos exprés’ a la Oficina Andaluza Antifraude para que investigue si pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros en caso de mantenerse nombramientos vigentes».
De otro lado, el PSOE-A reclama al Gobierno andaluz que, antes de final de año, apruebe una modificación de la Ley de incompatibilidades de altos cargos de la administración de la Junta y su declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos.
Se insta a la Junta a solicitar un «informe sobre compatibilidad/incompatibilidad y posible conflicto de intereses» del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, «por su percepción de retribuciones de la empresa privada paralelamente a sus retribuciones públicas».
Al respecto, también se pide a la Junta que remita a la Oficina Andaluza Antifraude el «expediente de compatibilidad/incompatibilidad» de Paradela «para que investigue la posible existencia de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros y las posibles relaciones en materia de subvenciones y ayudas públicas entre la Junta y la empresa privada que ha venido retribuyendo» al consejero.
En la moción del grupo socialista, también se demanda al Ejecutivo autonómico que exija «de forma inmediata a los 31 altos cargos del Gobierno andaluz que aún no han presentado su declaración del IRPF de 2023 y sucesivos que lo hagan».
Otra reclamación es que la Junta modifique la Ley de incompatibilidades de altos cargos de la administración autonómica para incluir «un régimen sancionador» para los casos en que no se presente «la declaración de IRPF en tiempo y forma antes del 1 de agosto de cada ejercicio fiscal».
Asimismo, se pide a la Junta que modifique la Ley de Transparencia Pública de Andalucía para incluir como «obligación de publicidad activa, con datos trimestrales, el número, denominación y retribuciones de altos cargos y personal eventual, así como de los Puestos de Libre Designación (PLD) que existen en cada momento en el sector público andaluz».
