QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Grupo Socialista ha presentado una proposición no de ley (PNL) para ser discutida en el Pleno del Parlamento, buscando que la Cámara andaluza exija al Gobierno de la Junta que «reconozca públicamente los errores de planificación, gestión y ejecución del Bono Alquiler Joven en Andalucía», además de «asumir responsabilidades políticas por las graves deficiencias detectadas, tanto en la primera convocatoria como en la actual».
Según se indica en el primer punto de los cuatro que integran esta propuesta, la cual ha sido documentada por Europa Press, se critica la «deficiente gestión del Bono Alquiler Joven por parte de la Junta de Andalucía». Con esta iniciativa, el Grupo Socialista también pretende que se apruebe un plan de acción inmediato que resuelva todas las solicitudes pendientes, asegure el pago rápido de las ayudas aprobadas y brinde soporte personalizado a los afectados, en particular en situaciones de riesgo de desalojo o vulnerabilidad social.
Además, la PNL del PSOE-A sugiere una profunda reforma en la gestión del Bono Alquiler Joven, eliminando obstáculos tecnológicos que impiden el fácil acceso y asegurando la accesibilidad universal. Asimismo, recomienda equipar a las delegaciones territoriales con los recursos necesarios para un proceso ágil y transparente.
El documento también propone modificar el sistema de adjudicación de estas ayudas, reemplazando el actual modelo que depende del orden de solicitud, por uno que priorice según criterios sociales, y denuncia que el modelo actual «perpetúa la exclusión digital y territorial y vulnera los principios de igualdad y no discriminación».
Finalmente, la iniciativa insta al gobierno del PP-A a fomentar un Programa Andaluz de Vivienda Joven, con fondos de al menos 40 millones de euros anuales, destinados a complementar las ayudas estatales y apoyar programas específicos en zonas rurales o con riesgo de despoblación, con un enfoque que beneficie especialmente a mujeres jóvenes y madres solteras.
El Grupo Socialista concluye que «este compromiso presupuestario» debe estar expresamente incluido en la Ley del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026, asegurando una planificación a largo plazo que supere la dependencia de fondos estatales y establezca políticas de emancipación juvenil sólidas y efectivas.
