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A MANO ALZADA
La Junta apunta a responsabilidades penales en el caso de Sandra Peña y defiende los protocolos de acoso escolar
La Junta de Andalucía ha elevado a la Fiscalía toda la información recabada en torno al suicidio de Sandra Peña, la niña de 14 años que se quitó la vida tras sufrir acoso escolar en el colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla.
Responsabilidades penales
La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha confirmado que los inspectores han constatado que el centro no activó los protocolos de acoso ni de conductas autolíticas, pese a los indicios existentes.
“Si hay responsabilidades de tipo penal, se determinarán”, advirtió la consejera, que subrayó que los menores implicados “tienen más de 14 años y saben perfectamente lo que hacen”.
Castillo ha defendido que el Gobierno andaluz actúa “con toda la contundencia y el respeto que merece la familia”, y ha recordado que los protocolos de prevención “son herramientas eficaces, pero deben cumplirse”.
Requerimiento al Irlandesas Loreto
La Consejería ha requerido al colegio que inicie un expediente administrativo para esclarecer por qué no se activaron los procedimientos establecidos y analizar las medidas que se adoptaron.
El centro se limitó a separar a la víctima de las presuntas acosadoras a petición de la madre, una decisión que, según la Junta, “no sustituye la aplicación completa del protocolo”.
La consejera ha insistido en que la prevención del acoso escolar es una responsabilidad compartida entre las instituciones, las familias y los propios centros educativos, y ha alertado del papel de las redes sociales como amplificador del hostigamiento..
”Los protocolos existen para eso”
“Antes el acoso terminaba al salir del colegio; hoy, con el móvil, continúa las 24 horas del día”, lamentó. Castillo cerró su intervención con un mensaje directo al alumnado: “Hay que proteger, escuchar y actuar. Los protocolos existen para eso: para que ninguna familia vuelva a pasar por algo así”.
