QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Grupo Vox ha presentado en el Parlamento una proposición no de ley con una batería de medidas para dar solución al «grave» problema de la vivienda que existe en Andalucía, fruto de «años de inacción y políticas erróneas» del bipartidismo de PSOE y PP.
Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el portavoz adjunto de Vox, Ricardo López Olea, quien ha acusado a populares y socialistas de llevar décadas «fomentando una sociedad de inquilinos en vez de una sociedad de propietarios como antes era la española», de manera que «hemos pasado de la España del trabajo, la casa y el coche, a la de la precariedad laboral, el zulo y el carril bici», una «trágica situación en la que un joven no se puede ni siquiera plantear iniciar una vida con su pareja y tener hijos».
«Son políticas erróneas que llevan a esclavizar a la gente y se olvidan de un amplio sector social que no va a poder tener acceso a una vivienda», ha indicado López Olea, apuntando que, en Andalucía, hay dos millones de personas «en riesgo de exclusión social, con más de un millón de andaluces que tiene nómina pero que no llegan a fin de mes y están en el umbral de la pobreza, mientras que los jóvenes se emancipan cada vez más más tarde», por la falta de oportunidades.
El portavoz adjunto de Vox ha subrayado como «el 40% de los inquilinos en España destina hoy el 40% de sus ingresos mensuales a pagar el alquiler, y en ciudades como Málaga ese porcentaje sube incluso hasta el 60%, lo que les sitúa en una situación clara de riesgo de exclusión social».
Ante este panorama, López Olea ha planteado algunas de las medidas que se recogen en la proposición no de ley registrada por Vox y encaminadas a dar solución a esta «grave crisis habitacional que tenemos en Andalucía desde años y a la que ni PP ni PSOE han sido capaces de dar respuesta».
Entre estas medidas, se encuentran exigir al Gobierno andaluz del PP-A simplificar y agilizar los trámites administrativos para la clasificación de suelo urbanizable; regular de forma homogeneizada la proliferación masiva de VUT y reforzar los servicios de inspección; destinar al menos el 0,7% del PIB andaluz en los próximos presupuestos para 2026 exclusivamente para el desarrollo de VPO; construir bloques de viviendas protegidas conforme a la demanda y con prioridad para las familias españolas, impulsando la colaboración público-privada como cesiones de suelo, subvenciones, descuentos, avales a financiación y créditos blandos, y generar incentivos fiscales para que los propietarios de viviendas vacías las pongan en el mercado.
En cuando al acceso a vivienda social y protegida, Vox plantea situar el arraigo y el acumulado histórico de años de la familia en territorio andaluz como principales criterios de asignación de viviendas.
En el ámbito del alquiler, que se prohíba el arrendamiento a aquellas personas que se encuentran en situación irregular y se ponga fin al empadronamiento fraudulento de las mismas. En el ámbito de la lucha contra la ocupación y la inquiocupación, Vox propone derogar todas las medidas que benefician y promueven estas prácticas.
En la compra, pide atajar la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero estableciendo una fiscalidad diferenciada en el tramo autonómico para compradores no comunitarios, destinando la recaudación resultante a bonificaciones y exenciones fiscales para la compra de vivienda por parte de españoles y a la construcción de vivienda protegida.
Vox también plantea una reducción del 25% del IBI a familias con hijos; del 50% para familias numerosas y bonificación del 100% para familias de carácter especial; bonificar el 75% del ITP en las adquisiciones de primera vivienda para matrimonios jóvenes y del 100% del IAJD para la escritura pública de adquisición; reducir el IAJD a un 0,75%, para todos los andaluces con independencia de su renta y el ITP a un 6%, de igual forma, salvo los casos en los que ya se aplica el tipo reducido, y rebajar todos aquellos tributos y cargas económicos que afectan y encarecen el proceso edificatorio, suprimiendo aquellos que derivan de la aplicación de leyes y directivas climáticas.
Finalmente, y con el fin de garantizar a los andaluces el acceso a financiación para que vuelvan a ser propietarios, se plantea también crear nuevas líneas de avales públicos para comprar una primera vivienda e impulsar acuerdos con las entidades financieras para la creación de créditos blandos para parejas jóvenes vinculados al número de hijos.
