QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha dado a conocer el registro de una Proposición No de Ley (PNL) que incluye un conjunto de acciones destinadas a la ‘protección del sector ganadero frente a la lengua azul’ en respuesta al ‘abandono institucional’ que, según afirman, sufren tanto por parte del Gobierno andaluz como por la Administración del Estado.
En una conferencia de prensa, Rodrigo Alonso, portavoz adjunto de Vox en Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo, criticó al consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, por prometer en noviembre de 2024 ‘salió muy rápido a prometer que iban a sacar unas ayudas de forma inmediata, que no iban a dejar a nadie atrás y que se iban a paliar todos y cada una de los daños que sufrieron los ganaderos’, según un comunicado del partido.
Alonso continuó argumentando que las ayudas, ya ‘claramente insuficientes’, se emitieron en abril de 2025 y hasta la fecha ‘aún no ha pagado ni un solo céntimo’, dejando a los ganaderos sin recibir ‘ni un céntimo de esas ayudas a pesar de que esta plaga seguir expandiéndose’.
‘Los ganaderos están muy preocupados porque no tienen ninguna solución, salvo la indemnización por la pérdida de su ganado’ y todas las medidas implementadas ‘las están pagando los ganaderos’, lamentó Alonso, quien también exigió al Gobierno andaluz ‘que se deje de promesas vacías, que deje ya su política del incumplimiento y que de una vez por todas haga frente a los problemas que tienen los ganaderos y pague e indemnice las pérdidas que están teniendo’.
Entre las propuestas de Vox en su iniciativa parlamentaria para abordar la lengua azul que afecta al sector ganadero andaluz, se incluye pedir al Gobierno de España la exención en la tributación por módulos del IRPF a las explotaciones ganaderas afectadas por la lengua azul durante este año fiscal y el próximo, además de liberarlas del cumplimiento de densidades ganaderas para los pastos en todas las explotaciones afectadas con el fin de evitar cualquier penalización en la recepción de ayudas de PAC.
Vox también solicita al Parlamento la convocatoria urgente del comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (RASVE), para establecer una estrategia científica rigurosa, en la que se planifiquen los estudios necesarios sobre la lengua azul, las vacunas aplicadas y los daños producidos en los últimos años para plantear soluciones efectivas.
VACUNACIÓN GRATUITA FRENTE A LA LENGUA AZUL
Garantizar la vacunación gratuita frente a la lengua azul creando una dotación suficiente de vacunas de todos y cada uno de los serotipos existentes, asumiendo la administración no solamente el costo de la vacuna, sino el de su aplicación; facilitar de manera gratuita y descentralizada a través de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) u organismos habilitados, repelentes e insecticidas eficaces frente al mosquito que transmite la enfermedad para contener la propagación y minimizar el riesgo epidemiológico; así como a facilitar igualmente de manera gratuita los medicamentos necesarios para paliar los efectos de la enfermedad, tales como antiinflamatorios y antibióticos, son otras de las reclamaciones planteadas por Vox en su iniciativa.
Rodrigo Alonso ha acusado al consejero de Agricultura de ‘estafar a los ganaderos’ por ‘emplazarlos al año 2026 para pagar el 50% de esa vacuna’, mientras ha defendido que ‘a los ganaderos hay que pagarle el 100% de la vacuna y hay que pagarla ya porque esos costes están cayendo del lado de los ganaderos que no pueden más y ya no saben qué hacer con la lengua azul’.
Vox también exige al Gobierno andaluz posibilitar el enterramiento controlado de los animales fallecidos por lengua azul en las propias explotaciones, mediante procedimientos autorizados y regulados sanitariamente, complementando el actual sistema de recogida en camiones, económicamente inviable y potencialmente contraproducente para la bioseguridad de las explotaciones afectadas, por el riesgo de difusión del virus durante la recogida y el transporte.
También plantea aumentar el fondo de contingencia de los actuales 16 millones de euros hasta, al menos, 140 millones de euros, para poder hacer frente a los daños producidos por eventos extraordinarios.
