El Ejecutivo aragonés ha emitido la Orden necesaria para comenzar a desarrollar el proyecto que establecerá un registro de sanitarios que, por objeción de conciencia, se niegan a realizar interrupciones voluntarias del embarazo.
“Este consejero y este Gobierno siempre cumplen con la legalidad”, declaró José Luis Bancalero Flores, responsable de Sanidad, durante un intercambio con el diputado del PSOE Iván Carpi en la última sesión plenaria de las Cortes de Aragón.
En su alocución, Bancalero remarcó que la ley orgánica que demanda la creación de estos registros data del año 2023, cuestionando a Carpi sobre la inacción del anterior ejecutivo regional en este asunto aún estando en el poder cuando se promulgó la ley.
Según Bancalero, a los socialistas “no les interesa defender a las mujeres, al partido sanchista no le preocupan las mujeres” sino que pretenden “tapar sus vergüenzas, el informe ‘chistorra’”.
Iván Carpi exhortó a Bancalero a acatar esta legislación, que “asegura el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo” y le inquirió sobre su postura respecto a incorporar el derecho al aborto en la Constitución española.
“Estamos viendo demasiadas posiciones retrógradas, anacrónicas y sacadas de tiempo en su partido y sus socios, que ya no los distingo, porque son los mismos con diferente nombre, el mismo problema para los derechos de las mujeres”, señaló Carpi.