David Arranz, parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, ha instado a Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia, a clausurar los centros de acogida para menores migrantes no acompañados y a terminar los convenios con organizaciones y ONGs que, según sus palabras, ‘se lucran y colaboran con el tráfico de personas, como ACCEM, APIPACAM, CEPAIM o Cruz Roja’.
En su intervención ante los medios, Arranz ha propuesto que, tras el cierre de estos centros, los menores sean retornados a sus países de origen para que reciban educación en su entorno cultural y familiar. Además, ha sugerido reubicar temporalmente estos centros en zonas distantes de áreas urbanas para minimizar problemas de seguridad y convivencia, asegurando que las comunidades locales sean consultadas antes de abrir nuevos centros, que calificó de ‘ilegales’.
Arranz también ha criticado la gestión de estos centros, señalando una ‘falta de control total’ y acusando a los menores de cometer delitos y causar incidentes. Ha pedido que el Gobierno autonómico maneje directamente estos centros y no en colaboración con ONGs, además de reducir la autonomía de cada centro y colaborar con la Fiscalía para realizar pruebas forenses que determinen la edad de los menores.
El diputado ha afirmado que, ante la obligación de las comunidades autónomas de tutelar a estos menores, deberían al menos supervisar y regular estas responsabilidades, algo que ha desestimado al externalizar a entidades pro inmigracionistas. Arranz ha acusado a la consejera Susín de negligencia, contribuyendo a problemas de convivencia y delincuencia. Incluso mencionó incidentes violentos y agresiones en diversos centros de acogida.
Finalmente, Arranz ha expresado su preocupación por la ‘inmigración ilegal masiva’ y sus repercusiones, criticando la actitud de la consejera y la falta de transparencia en el control parlamentario, especialmente tras un incendio en un centro de Zaragoza, cuestionando si el Gobierno sigue financiando a los responsables del mismo.