QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El representante de Vox en las Cortes de Aragón, Fermín Civiac, ha expresado su preocupación por la gestion del Presupuesto 2024, señalando una notable falta de precisión en su elaboración por parte del consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, manifestada en la subdotación en áreas como Salud y Educación que obligó a realizar modificaciones de crédito por valor de 68 millones de euros para Educación y de 99 millones de euros para Salud.
Además, Civiac ha indicado que se registró un gasto inferior al previsto en sectores como Agricultura (7 millones de euros), Presidencia (6 millones de euro), Hacienda (6 millones de euros), Bienestar Social (2 millones de euros) y Medio Ambiente y Turismo (3 millones de euros).
Análisis de la Gestión de Personal
Civiac ha señalado que se han dejado plazas sin cubrir, que quedaron vacantes por el despido de interinos, y que probablemente las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) están sobredimensionadas, indicando que sigue existiendo la misma imprecisión en la gestión de personal que durante la época del cuatripartito.
El diputado de Vox también mencionó datos del Boletín Estadístico del Personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón, que mostraban que a 31 de diciembre de 2024 había 562 empleados menos que a 30 de junio de 2024 en el Gobierno de Aragón, atribuyendo esta reducción al cese de funcionarios y empleados interinos sin que las plazas fueran cubiertas, lo que resultó en una reducción de la temporalidad de solo el 1,8%.
Civiac ha criticado al consejero Bermúdez de Castro por falsedad, al afirmar en noviembre de 2024 que la temporalidad estaba en el 30% para funcionarios y del 37% para personal laboral, contrastando con un porcentaje de interinos del 44,9%. Así, ha sugerido que Bermúdez de Castro tiene tendencia a desinformar a la población aragonesa.
Finalmente, Civiac ha indicado que el Gobierno de Aragón limita sus esfuerzos en reducir la temporalidad a despedir interinos y se resiste a cumplir con la Ley de Presupuestos de 2024 y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y ha comparado que el Ejecutivo autonómico justifica ciertos gastos amparándose en la ley, pero no cumple la ley en materia laboral cuando no le conviene.
