QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Mesa del Parlamento aragonés ha calificado este miércoles un total de 45 nuevos documentos para su tramitación parlamentaria, entre los que se incluyen dos iniciativas de carácter legislativo, dos propuestas de preguntas de iniciativa ciudadana, una solicitud de comparecencia, 14 preguntas y seis solicitudes de información y quejas.
Entre ellos destaca el Decreto-Ley 3/2025, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas urgentes para la reparación de los daños causados y las pérdidas producidas en el territorio de Aragón como consecuencia de las lluvias torrenciales de los días 13 y 14 de junio de 2025, han informado desde las Cortes.
Asimismo, se ha iniciado la tramitación del Decreto-Ley 4/2025, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se concede un suplemento de crédito para atender al incremento retributivo del personal del sector público autonómico y a la reparación de los daños derivados de las lluvias torrenciales de los días 13 y 14 de junio de 2025, y se adoptan medidas urgentes en relación con determinadas subvenciones de interés económico.
La alta instancia parlamentaria, además, ha procedido a la tramitación de una solicitud de comparecencia de representantes de colectivos sociales. Ha dado luz verde a la intervención de la Plataforma Jubilados Aragón ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos, para solicitar que las pensiones mínimas se igualen al salario mínimo interprofesional.
De igual forma, ha abordado dos iniciativas registradas por PSOE y Vox. El Grupo Socialista ha presentado un texto relativo a la «necesidad de garantizar viviendas dignas y rechazar el modelo de microvivienda como solución al acceso a la vivienda en Aragón», mientras que Vox ha formulado una iniciativa sobre la «prohibición del velo islámico y la defensa de la identidad española».
Al mismo tiempo, la Mesa ha aceptado la propuesta de dos preguntas de iniciativa ciudadana, de Ricard Mitjana, relativas a los «registros electrónicos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte» y a la «exclusión de la comunidad educativa». En último término, la alta instancia parlamentaria ha refrendado 14 preguntas para respuesta escrita y un total de seis solicitudes de información y quejas.
