Este martes, la Comisión de Bienestar Social y Familia del Parlamento aragonés no ha dado luz verde a una moción del PSOE que buscaba iniciar la revisión de la legislación vigente sobre las condiciones mínimas en centros y servicios sociales especializados. Esta normativa incluye también las ratios de atención y los perfiles profesionales requeridos en el sector.
La propuesta, defendida por la socialista Pilimar Zamora, fue rechazada con los votos en contra del PP y Vox, e incluía además la elaboración y presentación de un informe económico en comisión. Zamora argumentó que es responsabilidad del Gobierno de Aragón garantizar la calidad del empleo en el sector y señaló la necesidad de actualizar la normativa debido a las “condiciones laborales precarias” que denuncian los trabajadores.
Por parte del PP, Silvia Casas criticó el cambio de postura del PSOE respecto a la norma, acusando a este partido de cinismo por no haber modificado el decreto durante su mandato anterior y subrayó las dificultades financieras que implica tal modificación. Mientras, David Arranz de Vox argumentó contra la improvisación normativa y la falta de consenso con entidades y profesionales del sector.
Isabel Lasobras de CHA destacó que no se puede asegurar la calidad de los servicios sociales sin mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y llamó la atención sobre la necesidad de equidad territorial. Pilar Buj de Aragón-Teruel Existe remarcó la urgencia de actualizar un decreto que considera obsoleto para los tiempos actuales y sugirió mejorar la remuneración de las trabajadoras de servicios sociales comarcales.
Finalmente, Álvaro Sanz de IU, cuya enmienda fue aceptada, propuso un análisis de las cargas laborales para convertir los programas temporales en plazas estructurales antes de que finalicen los tres años previstos.










