Daniel Alastuey, diputado del PSOE en las Cortes de Aragón, ha solicitado al ejecutivo regional la reinstauración de las políticas de memoria democrática tras la anulación de la legislación que las regulaba, que «ha llevado a un clima de banalización de las víctimas y de lo que ocurrió durante la dictadura franquista y durante la Guerra Civil» y a que «haya personas que se sienten autorizadas a vandalizar los símbolos que recuerdan a esas víctimas».
Alastuey mencionó las pintadas en placas conmemorativas en Gúdar-Javalambre, restauradas por la Asociación Pozos de Caudé, agradeciendo su labor pero reiterando que «la obligación de sufragar esos gastos» recae en el Gobierno de Aragón.
En una rueda de prensa, el representante socialista recordó que la derogación de la Ley de Memoria Democrática fue el «precio» del PP para los presupuestos de 2024, anunciada en el aniversario del fallecimiento de Franco. Alastuey enfatizó que esta ley «que lo que hacía era dignificar el recuerdo de todas las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista posterior».
En lugar de esta ley, se propuso un Plan de Concordia, que Alastuey calificó de «humo» ya que «no conocemos absolutamente ninguna actuación del Gobierno de Aragón que esté incluida en ese plan» y que, en su opinión, contribuye a «banalizar la memoria de las víctimas». El diputado criticó que este plan pretendía «derogar todas las normas que exaltaran aquellos regímenes democráticos previos a la Constitución del 78», incluyendo la Segunda República Española, un «modelo de democracia».
INICIATIVAS PARLAMENTARIAS
Alastuey anunció que el Grupo Socialista presentará iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones sobre las políticas actuales y para reactivar las políticas de memoria. Según el diputado, es necesario clarificar cómo se está utilizando el presupuesto destinado a la memoria democrática, mencionando cifras específicas de los años 2024 y 2025.
Además, se solicitará información sobre los planes de concordia y su ejecución, sospechando que podrían ser inexistentes. Alastuey también señaló que la reintroducción de las políticas de memoria implicaría la recuperación de elementos como el censo de víctimas y las rutas de memoria, al tiempo que se reconocería el papel de las asociaciones memorialistas.















