Sanz (IU) sugiere establecer regulaciones «claras y objetivas» para las DIGA y PIGA, con el objetivo de que proporcionen beneficios a toda la población.

El legislador de IU Aragón, Álvaro Sanz, presentará el jueves en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas una moción que busca establecer una regulación «clara, objetiva y transparente» para las Declaraciones de Interés General de Aragón (DIGA) y los Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA). Esta regulación tiene como objetivo asegurar que estos proyectos realmente atiendan el interés general, ofreciendo beneficios concretos para todo el territorio y la población aragonesa, en lugar de solo favorecer intereses empresariales. En la propuesta, Sanz señala que, hasta el momento, «se han empleado de manera cada vez más creciente, arbitraria y, en numerosas ocasiones, sin las suficientes garantías para los ciudadanos ni para los municipios implicados». Durante más de dos décadas, el gobierno regional ha tenido a su disposición herramientas legales como los PIGA que facilitan la implementación de proyectos estratégicos, ya sean estos impulsados por el sector público o por la iniciativa privada. «Estas afirmaciones traen consigo ventajas en términos urbanísticos, fiscales, y administrativos, así como la opción de expropiar terrenos», explicó el diputado, quien señaló que este mecanismo ha sido objeto de «un uso indebido reciente». En un período inferior a dos años, el gobierno aragonés actual ha emitido 14 declaraciones de impacto ambiental (DIGA), alcanzando así la misma cantidad que se había aprobado en los últimos 20 años. Según Sanz, «hay una falta de criterios definidos y de garantías reales que aseguren el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas que se benefician». IU propone una modificación a la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón (LOTA) con el objetivo de establecer normas que definan criterios claros y medibles para las Declaraciones de Interés General en Aragón. Esto se busca para que dichas decisiones no sean vistas como «abusivas» o «incomprensibles» en función de la gestión del gobierno en el poder. Se ha sugerido la creación de criterios objetivos y medibles para identificar qué proyectos deben recibir esta declaración; asegurar la cohesión territorial, previniendo la acumulación de proyectos únicamente en áreas ya desarrolladas; conectar la declaración a compromisos específicos en el ámbito del empleo, tanto en número como en calidad, con un monitoreo mínimo de diez años, y fortalecer el cumplimiento ambiental al eliminar excepciones y garantizar un control y sanciones efectivas ante violaciones.