QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación este viernes sobre el sistema de macrocentros para menores migrantes establecidos en Canarias en los últimos años, superando los ochenta, y ha señalado la descoordinación entre diversas entidades gubernamentales, fuerzas de seguridad y judiciales, así como entre provincias.
En una sesión en el Parlamento de Canarias durante la presentación del informe ‘A día de hoy no tengo nada. El fracaso del sistema para proteger a los y las menores llegados a Canarias’, la entidad ha alertado sobre múltiples violaciones de derechos humanos que sufren los menores, incluyendo explotación laboral, violencia y explotación sexual, con situaciones de captación en redes de trata especialmente en niñas.
Virginia Álvarez, responsable de investigación, ha mencionado que desde 2021, con la reactivación de la ‘ruta canaria’, ha habido un seguimiento detallado de la situación, resaltando la vulnerabilidad de estos menores, con al menos la mitad necesitando protección internacional según Acnur.
La organización ha documentado actos de violencia contra menores por parte del personal de los centros, el exceso en las ratios de capacidad, la falta de evaluaciones individualizadas y dificultades para realizar tareas educativas. Además, muchos menores provienen de zonas de conflicto o violencia como Mali, Sudán, Senegal o Marruecos, y necesitan protección.
Álvarez ha subrayado la necesidad de garantizar que los menores sean escuchados y tengan acceso a información adecuada, incluyendo asistencia jurídica gratuita. También ha enfatizado la importancia de que las administraciones públicas eviten infracciones de derechos y proporcionen adecuadamente atención, alojamiento, y soluciones duraderas para su integración.
La formación adecuada de profesionales involucrados en el cuidado de estos menores, como policías, médicos y jueces, es crucial, según Álvarez. Asimismo, ha destacado un fallo de responsabilidad compartida entre el Gobierno central y las comunidades autónomas respecto a la distribución de los menores, y ha valorado positivamente que el Tribunal Supremo obligue al Estado a responsabilizarse de los solicitantes de asilo.
Además, Álvarez ha indicado la necesidad de aumentar las inspecciones y mejorar la formación en los centros, y ha criticado que se utilice a los menores como herramienta política. Ha concluido señalando la necesidad de más transparencia en los acuerdos de la UE con países africanos y la importancia de vías legales y seguras para la migración desde África a Europa.
