El Congreso ha decidido no proseguir con la enmienda que el Senado, dominado por el PP, había propuesto, y que consistía en asignar 1.200 millones de euros para subsidiar el 75% de las tasas aéreas a los habitantes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Esta decisión se ha tomado tras el veto del Gobierno, que argumentó que la enmienda podría desequilibrar la política presupuestaria vigente.
Según la Constitución, el Gobierno posee la facultad de bloquear cualquier propuesta legislativa que pueda modificar el presupuesto establecido, ya sea incrementando los gastos o reduciendo los ingresos. Este poder ha sido el fundamento del veto gubernamental a la citada enmienda.
Por su parte, el PP ha iniciado un nuevo desafío legal contra el Congreso y el Gobierno, exigiendo una revisión de dicho veto. Los ‘populares’ han anunciado que llevarán este conflicto al Tribunal Constitucional, argumentando que las cifras presupuestarias actuales, correspondientes al año 2023, son ya insuficientes para cubrir las necesidades actuales de bonificación de tasas aéreas para residentes.
Desde la Mesa del Congreso, controlada por el PSOE y Sumar, se ha reconocido la decisión gubernamental de no tramitar la enmienda por considerar que altera el presupuesto establecido, una decisión que fue formalizada y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, tal y como han confirmado fuentes parlamentarias.