Desde la Asociación de Familias Adoptivas de Canarias, la gestión de menores por parte del Gobierno regional ha sido descrita como ‘caótica’ debido a que solo disponen de dos psicólogas para atender a un millar de menores, lo que se traduce en un promedio de 90 casos por especialista.
Yeray Rodríguez, en su intervención ante la comisión parlamentaria de Bienestar Social, ha destacado la ‘inmensa carga de trabajo’ que soporta el personal, situación que ya ha generado una denuncia por parte de CCOO ante la Fiscalía. Ha enfatizado que el personal está ‘desbordado’ y ‘incapaz de alcanzar sus objetivos’ debido al ‘colapso’ del servicio y el bloqueo en las solicitudes de idoneidad.
El proceso de adopción, calificado de ‘largo y doloroso’ por Rodríguez, impide llevar a cabo las pruebas de idoneidad necesarias por falta de recursos, vulnerando así los derechos de menores y familias. Además, señaló que la institucionalización no debe ser una opción permanente y que las casas de acogida deberían ser solo una solución temporal.
Francisco Da Silva ha expresado la ‘desesperación’ de las familias ante la ‘saturación y abandono’ del servicio, y ha informado de casos de ‘abuso, vejaciones y maltrato’ en centros gestionados por el Gobierno regional. Por su parte, Evelyn Espinosa, que lleva dos años esperando por las pruebas de idoneidad, ha denunciado casos aún más prolongados y ha subrayado el ‘daño irreparable’ a los menores por no proporcionarles un entorno familiar adecuado y estable.
La diputada Vidina Espino ha indicado que el Gobierno de Canarias prioriza el acogimiento temporal mientras se evalúa si los menores pueden regresar con sus familias biológicas, y ha hecho un llamamiento urgente para aumentar las familias de acogida en las islas.










