QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los representantes del Grupo Nacionalista, Vidina Espino y José Alberto Díaz Estébanez, expresaron su reprobación este lunes hacia el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ängel Víctor Torres, en la comisión de investigación del Parlamento por la adquisición de material sanitario durante la pandemia.
En una comparecencia ante los medios, Díaz-Estébanez afirmó que la culpabilidad política de Torres es “evidente”, ya que Canarias se transformó en un centro neurálgico para la supuesta red de corrupción relacionada con Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes.
Los nacionalistas se respaldaron en un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que “acredita” que Torres no fue sincero al afirmar en el Parlamento que no mantenía contacto con figuras como Koldo García, Víctor de Aldama, Ana María Pérez, o Ignacio Díaz Tapia (Megalab), además de negar cualquier intermediación en las compras. “Está acreditado que sí”, enfatizó Díaz-Estébanez, recordando que mentir en una comisión de investigación podría conllevar una pena de cárcel de seis meses a un año o una multa de 12 a 24 meses.
Además, señaló que los mensajes de Torres sugieren un “claro indicio” de posible tráfico de influencias y “acoso laboral y abuso de posición de poder”, pues presionó a funcionarios públicos para manipular sus decisiones en transacciones que consideraba sobrevaloradas y no adecuadas para los fines contratados.
Tanto Torres como su viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, “deben pedir disculpas” a los canarios por el “daño patrimonial causado”, ofrecer “explicaciones razonables” y abandonar el “victimismo absurdo” de escudarse en técnicos y funcionarios, agregó.
Por su parte, Vidina Espino acusó a Olivera de haber “mintió reiteradamente” en la comisión, pues mantuvo una “relación continua y permanente” con Koldo García de abril a septiembre de 2020, impulsando rápidamente algunas operaciones y coordinando la entrega de material.
Respecto a Torres, Espino cuestionó su afirmación de que una empresa había cumplido con la comunidad autónoma cuando “las mascarillas no servían y los funcionarios se negaban a pagar”. Si se abonaron finalmente los 2,1 millones pendientes, fue debido a una modificación del contrato y a propuesta de la empresa, en una negociación dirigida por Olivera junto a Íñigo Rotaexte y el exdirector del SCS, Conrado Domínguez.
Díaz Estébanez lamentó que el anterior Gobierno socialista decidiera que “no hacía falta” una comisión para investigar las irregularidades emergentes en la compra de mascarillas, negándose incluso a debatir esta posibilidad en el Pleno y cerrando así “la puerta a la verdad”.
