QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La comisión de investigación del Parlamento de Canarias ha determinado que el expresidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, junto con los exconsejeros de Sanidad, Julio Pérez y Blas Trujillo, tienen responsabilidad política en la gestión de los contratos durante la crisis sanitaria del covid-19, cuyo valor alcanzó casi los 100 millones de euros.
“Si estos miembros del Gobierno se han felicitado en diferentes ocasiones por el resultado de las decisiones adoptadas por tal comité, hasta el punto de que ha achacado los buenos resultados pandémicos a su funcionamiento, es lógico que también se responsabilicen en igual medida de aquello que no funcionó”, indica el informe preliminar de la comisión, informó ‘El Día’.
Según un análisis del catedrático de Derecho Constitucional Joaquín García Morillo, “si un subordinado comete un delito, su superior no puede ser penalmente responsable y sí puede, sin embargo, ser políticamente responsable”. Este principio subraya que en un régimen parlamentario, la carga política recae sobre los miembros del Gobierno.
En testimonio durante una sesión, la exconsejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, expresó claramente la responsabilidad inherente a su cargo. “Yo lo que tengo claro es que si yo estuviera en ese puesto, si Ana María cae, yo caigo, si Conrado cae, yo caigo”, declaró.
La comisión también atribuye a Torres y Trujillo la responsabilidad de haber designado a Conrado Domínguez con “poderes plenipotenciarios en la contratación” al frente del SCS, y señala que su posterior destitución no exime de responsabilidades políticas. Respecto a Julio Pérez, censuran su permisividad al dejar que Domínguez operase desde las instalaciones del SCS antes de ser oficialmente nombrado director.
El informe también cuestiona la gestión de Ana María Pérez, exdirectora de Recursos Económicos, por las decisiones de contratación cercanas a los 100 millones de euros, poniendo en duda que se tomaran sin el consentimiento o conocimiento de sus superiores. La comisión resalta la duplicidad de comités y, pese al contexto difícil de la contratación internacional, enfatiza que “ni las condiciones del mercado ni la habilitación legal de la contratación de emergencia pueden eximir de sus responsabilidades a quienes debían proteger el interés general y el buen uso de los recursos públicos”.
Además, la comisión critica las variaciones de precios en las adquisiciones de material sanitario y destaca el caso de RR7 United, a quien se le abonaron cuatro millones de euros por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas. “Hubo una gestión imprudente y sin las debidas garantías administrativas, con consecuencias económicas claras para la Hacienda Canaria así como para la salud pública al no conseguir finalmente el material sanitario, habiendo desembolsado todo el dinero”, concluye el informe.
De cara al futuro, se sugiere modificar el artículo 120 de la ley de contratos públicos para mejorar los controles de legalidad, incluso en situaciones de emergencia, y se propone la creación de unidades de crisis, un registro preventivo de empresas y una plataforma para monitorear contratos en tiempo real.
