QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha admitido este viernes que es «insuficiente» haber adjudicado solo 109 viviendas públicas durante la actual legislatura.
Al ser cuestionado por Vox en una sesión parlamentaria, Rodríguez atribuyó esta cifra baja a la ineficacia del plan de vivienda del gobierno anterior, lo que ha llevado al actual ejecutivo a implementar varios decretos para «acelerar y cambiar el ritmo» de la construcción de viviendas.
Se ha propuesto como meta que antes de finalizar la legislatura, se pongan en licitación 4.000 viviendas a través del Icavi y de Visocan. Esto podría resultar en la construcción de aproximadamente 10.000 viviendas anuales en Canarias, combinando proyectos públicos y privados.
«Estamos comprometidos», enfatizó Rodríguez, anticipando además que en los próximos 36 meses se espera entregar un total de 2.171 viviendas protegidas.
Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, ha expresado su preocupación por que los anuncios del consejero solo sirvan para promover la campaña electoral, destacando que aún se está muy lejos de las 35.000 viviendas que se edificaban en 2008 en las islas. Jover también ha cuestionado si realmente hay 29.700 personas en lista de espera para una vivienda, dados los problemas en sanidad y dependencia, y ha criticado que el Plan Canario de Vivienda probablemente no se cumplirá, ya que proyectaba un total de 2.300 viviendas.
«Quieren entregar en ocho años lo que debía estar en cinco», reprochó Jover al consejero, calificando de «vergüenza» que solo se hayan entregado 109 viviendas mientras el gobierno «presume» de su presupuesto en vivienda. Además, destacó que la falta de vivienda impacta negativamente en la salud, aunque no relacionó este problema con el turismo ni el alquiler vacacional, sino con las «medidas insuficientes» de las autoridades.
Jover ha exigido al gobierno que intensifique su política de vivienda ante el aumento de personas sin hogar y en situaciones de pobreza severa, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado ayuda a la Diputación del Común.
