QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En 2026, el Gobierno de Cantabria introducirá una serie de avales que ayudarán a los jóvenes menores de 45 años a adquirir su primera residencia. Además, se realizarán ajustes en la Ley de Derechos y Servicios Sociales para permitir que la Renta Social Básica (RSB) sea «compatible temporalmente» con los ingresos por trabajo.
La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, reveló estos planes durante su participación en el Debate de Orientación Política 2025, realizado el jueves en el Parlamento. Explicó que se establecerá una línea de avales del 20% del valor de la vivienda para facilitar el acceso a créditos hipotecarios a este grupo demográfico, descrito como «un importante sector de población que no puede acceder a una vivienda en propiedad».
Respecto al proyecto de compatibilizar la RSB con ingresos laborales, Buruaga lo describió como «un proyecto pionero» que busca «activación laboral» de los beneficiarios. Este esfuerzo no solo pretende ser un apoyo temporal, sino «convertirse en una palanca real de inclusión», según sus palabras.
Adicionalmente, el Gobierno planea probar esta iniciativa en varios municipios, donde equipos de atención primaria y oficinas de empleo «acompañarán, formarán y facilitarán el acceso al empleo de estas personas», para que puedan «reducir progresivamente su dependencia de esta prestación y recuperar el control de sus vidas y su reinserción laboral», anunció la presidenta.
En 2024, Buruaga se comprometió a mantener un complemento del 15% a la Renta Social Básica, beneficiando a más de 3.200 personas en el último año, con una media mensual de 1.781 beneficiarios.
REACTIVACIÓN DE LA OFERTA DE VIVIENDA PROTEGIDA
La presidenta también destacó la expansión de la oferta de vivienda protegida en Cantabria, con un plan que incluye la construcción de 285 viviendas de alquiler asequible en nueve municipios para mediados de 2027, además de 250 viviendas de promoción pública en el Campón de Peñacastillo y 24 adicionales en Cazoña.
En relación a los derribos, Buruaga mencionó que el Gobierno dispone de un «plan con respuestas reales y efectivas», incluyendo 63 viviendas de sustitución finalizadas en Arnuero y futuras construcciones en Escalante. Además, ante la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, prometió una respuesta inmediata a los propietarios afectados, ofreciendo alternativas de vivienda o indemnización. Con un fondo de más de siete millones ampliables, el Gobierno se compromete a construir nuevas viviendas antes del fin de la legislatura.
