En una sesión plenaria celebrada esta tarde en el Parlamento de Cantabria, los partidos de la oposición –PRC, PSOE y Vox– han logrado un consenso para urgir al Gobierno regional a que, antes de finalizar noviembre, convoque a todas las mujeres que tras realizarse mamografías requieran pruebas adicionales, las cuales se deberán efectuar “inmediatamente”.
Esta acción se ha concretado con la aprobación de una proposición no de ley (PNL) presentada por el PRC, que incluye también la exigencia de que el gobierno desarrolle un plan de choque para la detección temprana del cáncer de mama dotado con 5 millones de euros para el 2026 en los presupuestos regionales. Esta iniciativa busca fortalecer el programa en todos los hospitales públicos, incluyendo la designación de un coordinador, incentivos para MIR de radiología, la modernización del sistema informático de radiología, y la ampliación del rango de cribado a mujeres de 45 a 74 años, conforme a las recomendaciones europeas aprobadas en noviembre de 2023 por la misma Cámara.
Además, se solicita al Gobierno que en un plazo de tres meses presente un informe detallado sobre las medidas implementadas en el plan, los tiempos de ejecución y los fondos específicos asignados para cada acción, además de reportar los datos de la vuelta número 13.
Paula Fernández, diputada del PRC, ha criticado la demora en el programa de cribado, que impacta a 3.900 mujeres, describiéndola como “estructural” y ha cuestionado al PP por no ofrecer “respuesta” a la situación. Natividad Pérez de Vox y Raúl Pesquera del PSOE también han expresado su preocupación por la falta de planificación y las políticas de privatización de la sanidad, respectivamente.
En contraste, Miguel Ángel Vargas del PP ha defendido los cribados y ha pedido a la oposición no generar incertidumbre con este tema crítico.
En otro punto del pleno, se rechazó una PNL del Grupo Parlamentario Socialista que solicitaba suspender un convenio con el Hospital Santa Clotilde, pese a las críticas de Pesquera sobre la gestión del PP y los contratos con hospitales privados.















