QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Alejandro Liz, vicesecretario del PP de Cantabria, ha respondido al PSOE en torno al ‘caso Molleda’ afirmando que ‘quien amenaza, el miedo tiene en casa’, tras las críticas recibidas el miércoles, cuando ‘sus tres principales dirigentes lanzaran groseras amenazas e insultos hacia la presidenta de Cantabria por haber dado su opinión en un foro de manera libre y espontánea’.
En una rueda de prensa, Liz criticó al secretario general del PSC-PSOE y delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, por ‘utilizar su cargo institucional como delegado del Gobierno para amenazar a la máxima representación del Estado en esta comunidad autónoma, que es la presidenta Buruaga’.
Liz expresó su total rechazo a este ‘comportamiento como matones políticos que ejercen los socialistas cuando se ven acorralados por escándalos o no les gusta lo que se dice sobre este asunto’. Se cuestionó si los socialistas ‘van también a amenazar a sus compañeros Noelia Cobo, Jesús Cabezón o Charo Losa por poner en entredicho -como han hecho- cómo logró la plaza el actual número dos del partido socialista de Cantabria’.
El vicesecretario del PP nombró al ‘caso Molleda’ como ‘el caso Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como’, y reiteró las palabras de la presidenta Buruaga: ‘es una corrupción de libro’. Según la RAE, la corrupción se define como ‘en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores’.
Liz argumentó que la actuación del número dos del PSOE de Cantabria en este asunto se ajusta perfectamente a esta definición y a esa utilización indebida de las funciones del cargo. Se preguntó ‘¿qué estarían diciendo los socialistas cántabros si un alcalde del PP hubiera diseñado el proceso de estabilización de su propia plaza y de la de su hermana?’.
Explicó que ‘lo que se tenía que estabilizar eran plazas públicas, puestos de trabajo y no a personas concretas con nombre y apellido que ya llevaban ocupando ese puesto desde tiempo atrás y máxime si entraron a la administración sin haber aprobado nunca una oposición’. Criticó que ‘no sólo se convierte en empleado público a alguien que ha entrado en la administración sin haber superado una oposición, incumpliéndose por tanto los principios de igualdad y capacidad, sino que, además, en el caso de Agustín Molleda, él ha sido juez y parte: ha convocado un proceso de estabilización, ha designado al tribunal calificador, ha establecido los méritos que se debían cumplir y ha resuelto el proceso al que no sólo se presentaba él, sino también su hermana’.
Liz lamentó que esto ‘pisotea’, entre otros, el artículo 23 de la Ley 40/2015 del Sector Público que regula el deber de abstención en los procedimientos en los que se tenga interés personal. Aclaró a los socialistas cántabros que ‘no es la presidenta Buruaga quien desconoce cómo funciona el proceso de estabilización de empleo público, sino ustedes’. Recordó que el acceso al empleo público debe cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad, y que el Tribunal Supremo afirma ‘que sobrevalorar la experiencia restringe enormemente el acceso a estos procedimientos’.
En cuanto al proceso de estabilización, aclaró que ‘ni la presidenta del Gobierno de Cantabria, ni el PP de Cantabria hemos puesto en duda el proceso de estabilización de los empleados públicos. A lo que sí nos oponemos es a los trajes a medida como el de Agustín Molleda y el de su hermana’. Concluyó Liz: ‘Por todas estas razones, lecciones al PP del PSOE ninguna, y amenazas e insultos menos: quien amenaza, el miedo tiene en casa. Que no se piense Pedro Casares que con sus tics autoritarios que va a amedrentar o amordazar ni a la presidenta de Cantabria, ni al Partido Popular, ni a la sociedad cántabra que está escandalizada ante esta nueva corruptela de los socialistas’.
