QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular ha defendido el nuevo decreto sobre viviendas turísticas destacando que, pese a quien le pese, es una buena norma en la que se establece un marco general de actuación, respeta la autonomía municipal y cerca a aquellas que se destinan a usos ilegales, anticipando que sus efectos reales se empezarán a notar en los próximos meses.
Este martes, mediante un comunicado, el diputado regional y portavoz en Turismo del PP en el Parlamento de Cantabria, Alejandro Liz, respondió a las críticas de algunos alcaldes y oponentes políticos. Liz criticó la desinformación que intenta propagar la oposición y defendió el decreto, que fue aprobado por el Gobierno del PP y entró en vigor el pasado 25 de julio, describiéndolo como necesario, largamente esperado y negociado con los agentes del sector, y que además cuenta con la aprobación del Consejo de Estado.
LIZ: EL QUE NO SIRVIÓ PARA NADA FUE EL DE PRC-PSOE
En respuesta a las críticas de la oposición, Liz afirmó que el decreto que no sirvió para nada fue el que aprobó el anterior Gobierno del PRC-PSOE, acusándolos de dedicarse únicamente a seguir las noticias en los medios para criticar la gestión del Ejecutivo del PP. Liz señaló que las competencias autonómicas en materia turística se limitan a la ordenación, planificación y promoción del sector, y recalcó que la oposición está bien informada de que el Gobierno del PP actúa dentro de los márgenes que la Ley establece.
Respecto a las competencias municipales, Liz destacó que los ayuntamientos tienen la facultad de atribuir los distintos usos del suelo, incluyendo el turístico. También mencionó que la Consejería de Turismo y los ayuntamientos regionales colaborarán en la implementación del decreto y que será necesario un certificado de compatibilidad urbanística para que los propietarios puedan destinar sus viviendas a uso turístico con todas las garantías legales. Aclaró que esto no implica que Cantabria vaya a tener 102 decretos distintos.
Liz finalizó diciendo que este es un buen decreto que ha recogido el mayor número posible de peticiones del sector y ha considerado las competencias de cada administración, citando el trabajo en municipios como Santander o Ampuero, donde ya se están tomando medidas para la concesión o no del certificado de vivienda de uso turístico.
