El Grupo Parlamentario Socialista ha instado este lunes al consejero de Educación, Sergio Silva (PP), a eliminar la conocida ‘cláusula Silva’ y firmar el acuerdo de mejora salarial para los docentes, condicionado actualmente a la aprobación de los Presupuestos 2026. Por otro lado, Silva ha acusado al PSOE de «incoherencia» en su postura.
Jorge Gutiérrez, diputado socialista, ha señalado que el gobierno regional optó por «el camino del autoritarismo encubierto, del chantaje presupuestario y de la imposición disfrazada de diálogo» con los docentes, subrayando que «gobernar es acordar, es liderar, es asumir responsabilidades».
Gutiérrez también ha apoyado otras demandas sindicales como la cobertura automática de sustituciones desde el primer día, y criticó los servicios mínimos «abusivos que vulneran el derecho de huelga» y el «silencio ensordecedor» de la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, frente a las recientes movilizaciones docentes. Además, ha criticado la prolongación del conflicto por parte de la Consejería, lo que, según él, desgasta a los docentes «emocional y económicamente hasta rendirse».
Por su parte, Silva ha cuestionado la consistencia del PSOE, recordándoles que en sus ocho años al frente de la gestión educativa no trataron este tema, y ha destacado que han tardado 17 años en abordar la mejora salarial. Además, ha enfatizado que el PSOE respalda un aumento salarial mientras que en Madrid mantienen congelados los sueldos de los funcionarios por 11 meses.
Sobre la condición de tener presupuestos para la mejora salarial, Silva ha reiterado que es una cuestión de «responsabilidad», ya que el gobierno de María José Sáenz de Buruaga debe considerar a todos los sectores, incluidos centros, familias y alumnos. Asimismo, ha criticado al secretario general del PSC-PSOE, Pedro Casares, por convertir la Delegación de Gobierno en «la Delegación del señor Casares», a quien considera un riesgo para los servicios públicos de Cantabria.
Finalmente, Silva ha comentado sobre los presupuestos que «no podemos normalizar lo anormal», refiriéndose a la gestión del Gobierno de España con un presupuesto aprobado en diciembre de 2022 mientras estamos en octubre de 2025, y ha defendido que las políticas educativas deben incluirse en los presupuestos.