QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los partidos de la oposición han mostrado su preocupación este jueves, cuestionando si la Junta de Castilla y León logrará adherirse al mandato del Estatuto de Autonomía que exige la presentación del proyecto de presupuestos antes del 15 de octubre. Este escepticismo surge tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde no se ha aprobado el techo de gasto no financiero necesario para fundamentar los presupuestos del próximo año, el cual debe ser discutido en las Cortes.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, se ha limitado a citar las palabras del portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien aseguró que tanto el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2026 como el techo de gasto serán presentados “en tiempo y forma”.
“Ya me espero cualquier cosa y del ‘jeta’ de Carriedo me espero aún mucho más”, declaró Pablo Fernández, procurador de Unidas-Podemos, criticando duramente la posibilidad de que la Junta presente simultáneamente el techo de gasto para 2026 y el proyecto de presupuestos de la Comunidad.
Por otro lado, la viceportavoz del Grupo Socialista, Nuria Rubio, expresó su falta de sorpresa ante la no aprobación del techo de gasto en el Consejo de Gobierno y recordó irónicamente que el año pasado, aunque parecía que no lo lograrían por su minoría parlamentaria, fue aprobado gracias a la abstención del PSOE. “Cuando lo sacaron no presentaron presupuestos”, agregó Rubio, criticando la actitud de un Gobierno que calificó de “totalmente agotado” y “instaurado en la vagancia absoluta”.
David Hierro, portavoz del Grupo Vox, rememoró que la Junta ha tenido un año para presentar los presupuestos y sugirió que la simultaneidad de estas acciones responde a una “estrategia electoral” del PP, motivada por el nerviosismo ante las encuestas.
Francisco Igea, del Grupo Mixto, criticó la falta de respuesta de la directora general de Relaciones Institucionales, Ruth Andérez, en las reuniones en las Cortes y propuso aprovechar el periodo restante de la legislatura para facilitar la tramitación de los presupuestos, en caso de que “finalmente Mañueco cumpla con su palabra”, aunque lo consideró poco probable.
