La no aceptación del proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 en Castilla y León obligará a la Junta a mantener las cuentas actuales, correspondientes al año 2024, debido a que en el año anterior no se formalizó el proyecto presupuestario de 2025, aunque existía un anteproyecto de ley.
Esto significa que la comunidad autónoma deberá comenzar el 2026 con una nueva extensión de las cuentas aprobadas el 30 de abril de 2024 por PP y Vox, quienes en ese momento formaban el gobierno de la Junta. Esta prórroga se estableció sin adoptar ninguna de las 2.305 enmiendas parciales de la oposición presentadas en la última fase parlamentaria.
El presupuesto de 2024, que alcanzó los 14.562 millones de euros, finalizó la prórroga de las cuentas de 2023 con las que se inició aquel año. El proyecto rechazado por la oposición para 2026 ascendía a 15.715 millones de euros.
Así, Castilla y León enfrenta una situación en la que debe prorrogar las cuentas de 2024 de manera consecutiva, tanto en 2025 como en 2026, marcando la novena ocasión en la historia de la comunidad donde se da esta circunstancia. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, expresó su reproche a la oposición antes de la votación de las enmiendas, asegurando que el presupuesto se aprobará cuando el PP obtenga una nueva mayoría tras las elecciones de marzo de 2026.
Historialmente, las prórrogas presupuestarias no son nuevas en Castilla y León, habiendo comenzado 2024 con las cuentas de 2023 y 2022 con las cuentas prorrogadas debido al adelanto electoral y la disolución de las Cortes justo antes de finalizar la negociación del presupuesto.










