QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La letrada mayor de las Cortes de Castilla y León, Laura Seseña, tiene la responsabilidad de redactar un informe que determinará si la Mesa debe procesar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, presentado recientemente por la Junta. Este análisis es crucial, especialmente porque aún no se ha establecido el límite del gasto no financiero, que se espera votar el próximo miércoles 22 de octubre.
Añadido a la complejidad del asunto, el proyecto omite una asignación crucial para la Sección 20 de las Cortes y sus instituciones, un punto que, según los portavoces de la oposición, debió haber sido preparado previamente por el Parlamento autonómico en lugar de la Junta.
En la última reunión, la Mesa rechazó el presupuesto de la Sección 20, con el voto negativo del PSOE y abstenciones del PP y Vox. «El Reglamento de estas Cortes dice que el presupuesto de las Cortes debe elaborarlo la Mesa», destacó Ángel Ceña. Por su parte, tanto Vox como el PSOE han solicitado la intervención del Consejo Consultivo para evaluar la validez y legalidad del presupuesto propuesto, dado que el artículo 27 del Reglamento de las Cortes exige que la sección 20 sea elaborada previamente por el Parlamento.
Las críticas no se han hecho esperar. David Hierro ha denominado las cuentas de 2026 como el «presupuesto del tocomocho», mientras que Patricia Gómez Urbán del PSOE ha calificado el proyecto como «el timo de la estampita» y como «un trampantojo».
«Se han pasado al Legislativo por la peineta», concluyó Gómez Urbán, instando al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Mañueco, a «marcharse a su casa». «Le cuestionan hasta los suyos», ironizó la socialista refiriéndose a la abstención en la sección 20 por parte de los dos representantes del PP.
