El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2026, presentado por la Junta en las Cortes, y la legalidad de su proceso de tramitación son los temas principales en las preguntas que la oposición dirigirá a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, en el Pleno que se iniciará el martes 14 de octubre.
Patricia Gómez Urbán, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, exigirá explicaciones al presidente sobre si su intención es «seguir aborchornando» a Castilla y León, una pregunta motivada por la «soberbia» que, según ella, ha mostrado Mañueco al inscribir el proyecto presupuestario sin un techo de gasto previamente aprobado.
En la misma línea, David Hierro, portavoz de Vox, cuestionará la adherencia a la ley en la tramitación de los presupuestos, un tema de debate que surgió tras una reunión de la Junta de Portavoces donde se calificó de «alarmante y peligroso» registrar un proyecto presupuestario sin límites de gasto no financiero establecidos.
Luis Mariano Santos, de UPL, pedirá claridad sobre la disposición de Mañueco a negociar los Presupuestos de 2026, mientras que Francisco Igea, del Grupo Mixto, señalará irregularidades en el registro del proyecto de ley de presupuestos por parte de la Junta.
Tras estas intervenciones, el Grupo Socialista, con Pedro González Reglero a la cabeza, abordará temas como la gestión del ITACyL y diversas infraestructuras sanitarias. Las preguntas continuarán con temas como la movilidad sostenible y la igualdad de oportunidades en el medio rural, culminando con una solicitud de evaluación del inicio del curso escolar por parte de Rocío Lucas, consejera de Educación.
Por su parte, el grupo de Vox, representado por Susana Suárez Villagrá, centrará sus preguntas en la financiación de sindicatos y patronales, el aumento de gastos e ingresos en los presupuestos de 2026, y las pruebas de edad para menores migrantes no acompañados.
Finalmente, se abordarán cuestiones sobre un brote de gripe aviar y diversos proyectos de infraestructura y desarrollo regional, poniendo el foco en la situación de Ávila y la gestión de las oficinas ‘antiokupación’.