El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha defendido la adecuación legal del registro del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2026, efectuado el 15 de octubre, cumpliendo así con la fecha tope establecida por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León para dicho proceso.
“No veo la controversia jurídica dónde se encuentra”, declaró el consejero, señalando que los grupos de la oposición se centran en detalles menores mientras la Junta aborda temas de mayor envergadura. Esta declaración refiere directamente al contenido del proyecto de Ley de Presupuestos para 2026.
Gago, quien también dirige los Servicios Jurídicos de la Junta, recordó que el documento de remisión de las cuentas, que él mismo firmó, indicaba que el registro del proyecto se realizaba ‘una vez estuviera aprobado’ el techo de gasto no financiero. Esta votación está programada para el 22 de octubre, una semana después del registro en el Parlamento. “En el propio oficio reconocemos que tiene que estar aprobado el techo de gasto como garantía de que pueda avanzar el proyecto de ley”, explicó, descartando cualquier controversia legal a pesar de las críticas de la oposición, que ha solicitado un informe jurídico de la Letrada Mayor.
Además, destacó que la sección 20 del presupuesto, correspondiente a las Cortes de Castilla y León y otras instituciones, debería haber sido aprobada antes del 19 de septiembre, según una orden emitida por la Consejería de Economía y Hacienda el 25 de julio. “No me corresponde a mí contestar por qué las Cortes de Castilla y León el 19 de septiembre no tienen aprobado su anteproyecto de ley de presupuestos”, cuestionó Gago, criticando intentos de bloquear el presupuesto.
Finalmente, Gago reafirmó el compromiso del Gobierno con el cumplimiento del Estatuto de Autonomía y predijo que cualquier informe jurídico respaldará la postura de la Junta, siempre que se apruebe previamente el techo de gasto.