La propuesta de Ley de Vox que busca imponer una moratoria en la implementación de nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos en la Comunidad hasta que se establezca un mapa regulatorio ha sido aceptada para su tramitación gracias al apoyo de la oposición y la abstención del PP en las Cortes. Carlos Menéndez, quien ha defendido la normativa, ha destacado la necesidad de planificar para evitar impactos negativos en el paisaje agrario y no incrementar los costes de la electricidad para los ciudadanos, mencionando que este modelo solo beneficia a “sindicatos, empresarios y altos cargos vinculados a la trama eólica”.
Menéndez ha argumentado la importancia de un “mapa de afección medioambiental y de usos del suelo” para controlar adecuadamente la expansión de estas instalaciones. La Proposición incluye cláusulas como la no afectación retroactiva y un plazo de un año para la aprobación de la planificación requerida, enfatizando que no se oponen a las energías renovables, sino que buscan un desarrollo ordenado y basado en criterios técnicos.
Por otro lado, Lorena de la Fuente, del PP, ha criticado la propuesta debido a su posible impacto económico y la paralización de proyectos, lo cual podría resultar en pérdidas significativas y afectar la recepción de fondos europeos para la modernización agrícola. A pesar de su oposición y la del gobierno regional, otros miembros de la oposición como Francisco Igea y Pablo Fernández han respaldado la iniciativa destacando su razonabilidad y la necesidad de una ordenación territorial que proteja el entorno rural.