QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Albert Dalmau, conseller de la Presidencia de la Generalitat, anunció una nueva proposición de ley este miércoles, acordada con ERC y Comuns, que establecerá el derecho de los ciudadanos a no ser afectados por errores administrativos en la asignación de ayudas para necesidades básicas.
«Lo que no tiene nombre es que, fruto de un error de la administración, a una persona que está en situación de debilidad, le vayamos a reclamar recursos que no tiene», declaró Dalmau desde el Palau de la Generalitat, enfatizando la importancia de una gestión cuidadosa para evitar tales errores.
Modificaciones Legales
Se proyecta una modificación de la ley 26/2010 que rige las administraciones públicas en Catalunya. Esta reforma evitará la reclamación de prestaciones erróneamente otorgadas a individuos vulnerables y facilitará a los ciudadanos la corrección de sus propios errores administrativos, entre otras disposiciones.
ERC y Comuns, en comunicados separados, argumentaron que esta regulación prevendría situaciones como las recientes relacionadas con ayudas indebidas en diversos programas sociales.
La propuesta fue presentada en el Parlament por los grupos PSC-Units, ERC y Comuns, y se espera su aprobación en una única lectura para octubre.
«DERECHO AL ERROR»
La normativa también incorporará el «derecho al error», permitiendo a las personas rectificar sus datos sin enfrentar sanciones por errores no intencionales. Según el Govern, esta es la primera vez que se introduce tal derecho en España, inspirándose en legislaciones de Francia y Polonia.
Además, la ley facilitará la corrección de errores cometidos por funcionarios públicos cuando actúen con diligencia y buena fe, evitando que estos sean considerados negligencia grave.
SERVICIOS PROACTIVOS
La normativa propuesta busca implementar trámites y servicios proactivos y personalizados, aprovechando los datos disponibles para beneficiar a la ciudadanía. También regulará el uso y consentimiento de datos y requerirá un registro específico para su gestión, promoviendo la igualdad de acceso a la administración.
CITA PREVIA OBLIGATORIA
La ley incluirá la obligatoriedad de la cita previa como una medida para mejorar la eficiencia en la atención al público, aunque no será el único método permitido. «¿Puede ser un sistema para la mejora de la gestión de colas? Puede ser un sistema. No podrá ser el único sistema», aclaró Dalmau.
Finalmente, la norma asegura el derecho a recibir información en un lenguaje claro y accesible, mejorando la comunicación entre la administración y la ciudadanía.
