QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El próximo martes, el Pleno del Congreso determinará si procede con la proposición de ley orgánica presentada por el PSOE y Junts, que busca transferir a Catalunya la autoridad sobre cuestiones migratorias, incluyendo la gestión por parte de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la expulsión de extranjeros con entrada prohibida.
Esta iniciativa surgió de un acuerdo alcanzado en marzo entre los socialistas y los posconvergentes, tras la retirada de una propuesta previa por parte de los seguidores de Carles Puigdemont, quienes habían solicitado al presidente Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza.
La Junta de Portavoces del Congreso incluyó esta ley en la agenda del próximo Pleno, siendo decisiva la postura de Podemos, ya que tanto PP como Vox se oponen al texto. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha expresado su rechazo a la ley, calificándola de “racista” y “anti inmigración” y afirmó: “No se hará con nuestros votos”.
A pesar de los riesgos de que la propuesta no prospere, Junts ha decidido presentarla en el próximo Pleno para no perder su oportunidad, ya que no disponen de otra proposición de ley, según fuentes socialistas. De no aprobarse, representaría otro revés para el PSOE tras el fracaso de la ley para reducir la jornada laboral la semana anterior.
OTRAS NOVEDADES DEL ACUERDO
La propuesta también incluye que los Mossos d’Esquadra compartan con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas. Catalunya actuará como “ventanilla única” para ciertas autorizaciones de estancia y emitirá la identificación de extranjeros a partir del Registro del NIE del Estado. Además, se incrementará el número de Mossos en 1.800 agentes, alcanzando un total de 26.800.
El acuerdo estipula que Catalunya gestionará las sanciones en procedimientos administrativos, como las expulsiones que no requieran expediente, y las residencias de larga duración, entre otros. Para ello, el Estado deberá transferir “los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios”.
En la justificación del acuerdo, se argumenta que la delegación se basa en el artículo 150.2 de la Constitución, resaltando que Catalunya, con una significativa población inmigrante, necesita gestionar este fenómeno para asegurar la integración y cohesión social.
