El pleno del Parlament ha decidido este miércoles dar luz verde a la tramitación por lectura única de una proposición de ley que garantiza el derecho a una atención adecuada y una buena administración. Esta ley incluirá, entre otras disposiciones, el derecho de los ciudadanos a no ser afectados negativamente por fallos administrativos vinculados a prestaciones esenciales.
La propuesta ha recibido el apoyo de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, mientras que Junts se ha abstenido y PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra. Ahora se abre un periodo para presentar enmiendas y la propuesta será debatida y votada definitivamente en el próximo pleno.
La iniciativa, acordada en julio entre el Govern, ERC y Comuns, propone una modificación de la ley 26/2010, que regula la administración pública en Catalunya, para impedir la reclamación de prestaciones incorrectamente otorgadas a personas vulnerables.
Además, la ley incorporará el ‘derecho al error’, permitiendo a los individuos corregir sus datos y estableciendo mecanismos para evitar penalizaciones por errores materiales o formales no intencionados ante la administración.
La normativa también abordará la corrección de errores cometidos por funcionarios públicos bajo condiciones de diligencia y buena fe, asegurando que estos no se consideren negligencia grave. Asimismo, se regularán los trámites y servicios proactivos y personalizados de la Generalitat, incluyendo la prohibición de la cita previa como único método de atención al público.














