QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Sindicatura de Comptes ha detectado ‘problemas estructurales’ en la administración de las ayudas económicas de carácter obligatorio gestionadas por la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat, destacando la ausencia de un sistema claro de transparencia en la gestión de datos.
Maria Àngels Cabasés, síndica de la Sindicatura de Comptes, comunicó estos hallazgos durante su presentación en la Comisión de la Sindicatura de Comptes del Parlament, al discutir el Informe de fiscalización 6/2025 sobre estas prestaciones, correspondientes al año 2022.
El informe enfatiza que el gasto reconocido ascendió a 3.095 millones de euros, con un 34,7% destinado a la Renta Garantizada, un 32,96% a otras prestaciones y un 32,31% a prestaciones derivadas de la dependencia, sumando un total de 31,60% del presupuesto en prestaciones de derecho subjetivo.
Cabasés destacó que entre 2016 y 2024 se acumularon 167,56 millones de euros en pagos indebidos, con 7,17 millones ya prescritos; y mencionó que hay 32.647 expedientes de renta garantizada y 324 vinculados a posibles prescripciones por un valor de 1,75 millones de euros aún pendientes de revisión. Entre 2019 y 2022, se registraron 4,7 millones de euros en presuntos pagos indebidos en prestaciones para jóvenes extutelados, con un monto de 804.384 euros que supera los cuatro años de antigüedad.
Según la Sindicatura, la gestión de estas ayudas ‘presenta debilidades en la pertenencia y falta de coherencia interna y externa’, con notables retrasos en la gestión y una insuficiente supervisión que ‘limita seriamente la eficacia de la intervención pública’, comprometiendo la economía y la eficacia de la gestión por la alta incidencia de pagos indebidos.
Asimismo, se han identificado incompatibilidades entre beneficiarios de múltiples ayudas, así como la falta de supervisión en las actividades de las entidades sociales colaboradoras y el manejo de fondos públicos, tanto autonómicos como europeos.
Entre las recomendaciones de la Sindicatura se incluyen la definición de objetivos claros con indicadores estandarizados, la flexibilización de requisitos de acceso, la reducción de la fragmentación del sistema, la planificación de recursos según las necesidades, la revisión y digitalización de la gestión administrativa, y el aumento del control sobre las entidades gestoras para asegurar más transparencia y seguimiento.
