La vicepresidenta y responsable de Asuntos Sociales de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha reconocido este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la riada del 29 de octubre —que dejó 229 fallecidos en la provincia de Valencia— que el Consell sí habló de la situación de DANA en la reunión matutina de ese día. Aunque ha eludido detallar el contenido por el carácter reservado de las deliberaciones, ha confirmado que el fenómeno estaba sobre la mesa.
Camarero ha admitido que “nadie puede decir que se hizo todo perfectamente bien”, y que todos los niveles de la administración, incluidos los ministerios de Interior y Defensa, tienen “lecciones que aprender”. A su juicio, la responsabilidad “no puede recaer sólo en una parte”.
Admite que entró en el Cecopi sin tener competencias
La vicepresidenta ha explicado que su Conselleria estaba operativa desde las 08.00 horas y que atendió todas las llamadas del servicio de teleasistencia. Ha relatado que entre las 17:02 y las 17:40 se conectó telemáticamente al Cecopi, pese a no haber sido convocada ni ser competente en Emergencias, porque quiso conocer “de primera mano” lo que ocurría.
Aun así, ha subrayado que “poco podía aportar” en un órgano cuya dirección recaía en la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y en la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
Tras su breve paso por la reunión, acudió a un evento de la patronal valenciana, algo que hoy asegura que no habría hecho con la información disponible posteriormente. Intentó volver a conectarse “en varias ocasiones” y mantuvo contacto permanente por WhatsApp con su equipo.
Críticas a Interior y Defensa
Camarero ha reprochado que ni Interior ni Defensa reaccionaran con la rapidez necesaria. Ha afirmado que, pese a la activación de la UME por la mañana en Utiel y por la noche en otras áreas, el despliegue fue insuficiente y se solicitaron militares “de 500 en 500”.
“Ni Interior ni Defensa estuvieron a la altura”, ha dicho, cuestionando que la Generalitat tuviera que solicitar expresamente refuerzos estatales: “¿De verdad el Gobierno no tiene motu proprio la responsabilidad de trasladar lo que necesitaba Valencia?”.
También ha defendido la necesidad de un marco común estatal de gestión de alertas, para que las comunidades no actúen con criterios dispares.
Teleasistencia: 37 fallecidos conectados al servicio
La vicepresidenta ha asegurado que su departamento envió a las 09:52 un protocolo con recomendaciones a residencias y centros de día, además de realizar llamadas a los centros con riesgo. Se cerraron recursos de día, de discapacidad y de menores, y se activaron los centros para personas sin hogar.
Ha explicado que el servicio de teleasistencia, que recibió un volumen extraordinario de llamadas en la tarde del 29O, respondió “todas” y derivó avisos al 112 o a policías locales cuando fue necesario. Fallecieron 37 usuarios dependientes conectados al sistema, algo que Camarero vincula a la magnitud de la riada, no a un fallo del servicio: “Es asistencia, no emergencias; no está diseñado para emitir avisos masivos”.
Señala al ayuntamiento de Picanya por las viviendas del barranco del Poyo
Camarero ha apuntado al Ayuntamiento de Picanya, gobernado por el PSPV, sobre los avisos a viviendas sociales situadas junto al Barranco del Poyo, donde residían personas con movilidad reducida. “Entiendo que actuó con la máxima celeridad”, ha dicho, deslizando que era su responsabilidad directa conocer el riesgo del entorno.
Evita pronunciarse sobre la ausencia de Mazón
La vicepresidenta ha rechazado valorar por qué Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, no participó en el Cecopi el 29O, y ha calificado de “irreal” la idea de que ella debiera suplir esa ausencia. Ha admitido que no habló con él después del mediodía, aunque sostiene que recibía información por otras vías.
Defiende que no hubo recortes en emergencias
Finalmente, ha negado que el Consell haya aplicado recortes en materia de emergencias y ha acusado a la oposición de intentar “crear un relato” que no se ajusta a la realidad.
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