Más Madrid y PSOE han subrayado que la regularización extraordinaria se está desarrollando con “normalidad” en este primer día de citas presenciales, al tiempo que han censurado la oposición de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a una medida que prevé llevar ante los tribunales.
Ambas formaciones han fijado su posición en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, coincidiendo con este lunes en el que las oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería han empezado a atender a personas migrantes dentro del proceso de regularización aprobado por el Gobierno.
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha pedido que “todas las instituciones colaboren” aportando los recursos necesarios para facilitar lo que ha descrito como “una enorme ampliación de la democracia”. “Es lo que ocurre cuando a cientos de miles de personas sin derechos se convierten en personas con derechos”, ha señalado.
En este contexto, Bergerot ha reclamado a la presidenta regional que renuncie a recurrir la medida ante el Tribunal Supremo y que, en lugar de ello, ponga “todas las herramientas a favor” de quienes participan en el proceso, citando como ejemplo el certificado emitido por el Consorcio Regional de Transportes autonómico, válido para la tramitación.
La portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha valorado que el Ejecutivo central haya “dado la oportunidad a muchísimas personas que ya conviven” entre la ciudadanía española para otorgarles “algo tan sencillo como vivir tranquilos”.
“Poder construirse una vida aquí entre nosotros, cuando ya han demostrado que están con nosotros y que vienen a construir. Con lo cual esperamos que este proceso que empieza hoy lo haga de la manera más ágil posible, que todo el mundo tenga capacidad para poder hacer todos los trámites que se requieren”, ha añadido.
En el lado contrario, los partidos de derechas han reiterado su rechazo a la regularización. El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pretender “alterar los censos electorales” y de intentar “desviar la atención sobre los ingentes casos de corrupción” que afectan a su entorno.
Asimismo, ha sostenido que el Gobierno central carece de “las cifras claras” porque “la mitad del Gobierno habla de medio millón, la otra mitad habla de 800.000, los sindicatos policiales hablan de 1.200.000”. “Es una cifra muy inconcreta, que como no tiene ninguna planificación económica como no tiene una memoria de impacto en los servicios públicos, pues es una absoluta chapuza”, ha criticado.
En la misma línea, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha denunciado que se estén destinando “todos los recursos” a regularizar la situación de “quien no debería estar aquí”.